360 km a pie para pedir una moratoria hipotecaria

Medio centenar de hipotecados recorrerán 360 kilómetros a pie con el objetivo de entregar en mano en el Congreso de los Diputados un pliego de peticiones en el que reclaman una moratoria de dos años en el pago de sus deudas bancarias.

Desde el próximo día 19 hasta el día 25, participarán en una caminata hasta Madrid, promovida por la Asociación Juan Montalvo de Valencia. Marcharán de 10 a 12 horas diarias bajo un sol de junio, que parece ya el de agosto, con el fin de superar en 10 días los 400 kilómetros -el itinerario autorizado por las delegaciones del Gobierno de las tres autonomías prevé un rodeo de 40 kilómetros para evitar la A-3- que hay desde la puerta del Ayuntamiento de Valencia hasta la Carrera de San Jerónimo.

Sin embargo, el desafío no asusta a Hernán Constante, el coordinador de la organización convocante: “Peor es la situación por la que están pasando muchas familias, que se han quedado sin trabajo y al no poder pagar al banco están siendo desahuciadas”, relata.

Opina que, aunque el drama de hipoteca más paro es “un problema de todos”, la soga ahoga más al colectivo de trabajadores inmigrantes, especialmente al de “ecuatorianos y marroquíes”. Estas dos colonias extranjeras “son las más golpeadas porque llevan más tiempo instaladas en España”, dice.
“Hemos traído a las familias, a nuestros hijos para que estudien aquí -continúa -, y hemos querido echar raíces comprando una vivienda, y ahora la crisis nos deja sin trabajo, sin casa y sin familia”.

Explica que el subsidio de desempleo “apenas da para comer, con lo que al no poder pagar la hipoteca están desahuciando a muchas familias y no hay más remedio de que los hijos retornen a los países de origen mientras que la gente vuelve a agruparse en una vivienda para subsistir”. “Estamos volviendo al círculo de la pobreza, a los pisos en los que viven hacinadas más de 15 personas”, advierte.

Además de la moratoria, también piden fin de los desahucios y que los juicios contra quienes se han resistido a los desalojos – “nadie puede quedarse quieto al ver cómo dejan a su familia en la calle”, apunta- no dificulten la renovación de permisos de trabajo y residencia.

Más información: Levante

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