Andalucía garantizará por ley una vivienda digna

Todas las familias que ingresen menos de 36.000 euros al año podrán comprar o alquilar pisos protegidos ya que el Gobierno andaluz  ha aprobado el primer proyecto de ley de vivienda digna. La normativa obliga a las administraciones públicas a completar la oferta con viviendas de protección oficial (VPO) para todos aquellos ciudadanos con escasos recursos y que no pueden hacer frente a los elevados precios del mercado libre.

La nueva norma supone una poderosa apuesta del Gobierno regional “por el avance de los derechos sociales en un momento de crisis económica”, según explicaba el consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, quien recordó que el proyecto cuenta con el consenso de los agentes sociales y económicos de la comunidad, por lo que el Ejecutivo socialista -que tiene mayoría en el Parlamento- no tendrá ningún problema para sacarla adelante.

El objetivo de la nueva ley es sencillo: que el esfuerzo económico para adquirir o alquilar una vivienda no supere nunca un tercio de los ingresos familiares. De esta forma, los ayuntamientos y la propia Junta “estarán obligados” a generar una oferta “suficiente” para todos aquellos que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre. Las primeras estimaciones de la Junta de Andalucía cifraban en 300.000 las viviendas protegidas que serán necesarias.

Los principales beneficiarios, por tanto, serán aquellos ciudadanos que no superen los 36.000 euros brutos anuales por unidad familiar, lleven al menos tres años residiendo en el municipio y acrediten no poseer ni tener derechos de disfrute de un inmueble ya existente. Además, tendrán que apuntarse en un registro público municipal de demandantes de vivienda protegida, que se creará en breve.

Este registro será el principal instrumento de trabajo de las administraciones para ponerse manos a la obra, ya que permitirá obtener una radiografía exacta de la escasez de vivienda en la zona. Incluirá datos como la demanda existente, el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipo se necesitan en cada municipio. Con la norma en la mano, los planes de vivienda que elaboren las administraciones deberán reflejar estas necesidades, y, en caso contrario, los ciudadanos tendrán amparo para exigir que se cumpla con esta obligación por la vía de lo contencioso-administrativo.

Más información: Elperiodico.com

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