Andalucía pedirá al TC levantar la suspensión de la Ley Antidesahucios

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, está preparando el informe para pedir al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno contra la Ley de función social de la vivienda, y ha anunciado que pedirá a los juzgados donde se instruyen procedimientos de ejecución hipotecaria que no ejecuten los desahucios hasta que el TC no tome una decisión en firme.

Cortés ha hecho esas peticiones tras conocer que el TC ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, lo que provoca su suspensión cautelar.

La consejera, que ya anteriormente había anunciado que, una vez que el recurso fuera presentado y admitido a trámite por el TC la Junta presentaría una solicitud formal para pedir que se levante la suspensión cautelar de los artículos recurridos, ha explicado a los medios que el Gobierno andaluz ya está preparando el informe para pedir el levantamiento de la suspensión cautelar que hace el TC aplicando una artículo de la Constitución “por el que se suspende cautelarmente la norma sin entrar en el fondo”.

En ese sentido, ha indicado que el TC tiene un plazo como máximo de cinco meses para levantar la suspensión cautelar, mientras que tiene “años” para decidir sobre el fondo.

Cortés ha explicado que su petición se formula “en atención a dos elementos fundamentales”, esto es, el hecho de que el recurso del Gobierno “provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía”, y, por otro lado, al hecho de que en Cataluña “opera una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas y no pasa nada”.

Cortés considera que el recurso del Gobierno central “está más provocado porque al PP le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía”.

Asimismo, ha indicado que “los primeros efectos” de la admisión de ese recurso será “dar campo libre a los especuladores, el Gobierno ha vuelto a claudicar ante la banca”.

Sobre las 39 expropiaciones ya efectuadas y pendientes de aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, Cortés ha precisado que se van a dirigir a los juzgados que llevan esas ejecuciones hipotecarias pidiéndoles que “no se desahucie a nadie hasta que el TC no tome una decisión definitiva”.

La consejera ha indicado que esta suspensión no tiene carácter retroactivo, por lo que las dos primeras viviendas con las expropiaciones ya culminadas totalmente seguirán estando expropiadas por la Junta,
mientras que sobre el resto “vamos a pedir a los juzgados que hasta que el TC no se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley, los jueces no ejecuten esos desahucios de esas familias”.

Ha lamentado la actitud del PP “con este recurso de la vergüenza, presentado de manera clandestina, sin que ningún ministro del Gobierno haya dado la cara” y considera dicho recurso “un ataque a la soberanía del pueblo andaluz, en orden a su Estatuto y al Parlamento, pues se trata de una ley plenamente constitucional”.

Ha recordado que actualmente hay 39 expropiaciones temporales de uso efectuadas y otras 200 personas a las que se les estaban validando sus expedientes en las provincias”.

Cortés ha recordado que la ley “antidesahucios” andaluza “era muy poderosa porque era disuasoria para todos los desahucios que se podían producir en Andalucía, porque los bancos entendían que si iniciaban una ejecución hipotecaria se podían enfrentar a una expropiación temporal del uso de esa vivienda”. “Es una ley que da poder al ciudadano frente a entidades financieras que están efectuando ejecuciones hipotecarias a pesar de haber sido rescatadas con dinero público”, destaca la consejera.

Además, reconoce que tenía la esperanza de que el PP “dialogara y tuviera cultura democrática, pues el Parlamento andaluz, en aras de la soberanía del pueblo andaluz, ha aprobado una ley”, pero lamenta que el Gobierno “presenta un recurso clandestino y de la vergüenza que desprotege a las familias y trabajadores que están siendo estafadas por esa estafa hipotecaria y da campo libre a los especuladores de la vivienda”.

Cortés ha recordado que en otras comunidades autónomas, el PP “está vendiendo el parque público de viviendas a ‘fondos buitre’, ese es el modelo del PP; mientras que en Andalucía, con IU en el Gobierno, la Junta se pone al lado de las clases trabajadoras y a las mujeres, protagonistas de la defensa de la dignidad de sus familias y de sus casas frente a un desahucio”.

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha afirmado en una nota que el recurso del Gobierno “provocará desahucios y especulación, porque ése es precisamente su objetivo”. Considera que este recurso encarecerá el acceso a la vivienda, puesto que la Ley “ante todo pretendía abaratarlo mediante la salida en alquiler asequible de las viviendas vacías, y devolverá a la rutina las imágenes de violencia contra las familias que no pueden pagar su hipoteca a causa de la estafa financiera”, ha señalado Cortés, que ha recordado que en Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías.

La consejera ha explicado que la paralización afecta fundamentalmente a dos aspectos de la Ley: el primero, la expropiación de viviendas a los bancos para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social; el segundo, las sanciones a entidades financieras por mantener viviendas vacías y no sacarlas en alquiler asequible. El resto de la Ley sigue en vigor.

Cortés ha lamentado la “infinita cobardía del Gobierno, que ha presentado el recurso sin dar la cara, avergonzado de sí mismo, consciente de que todo el mundo sabe que está actuando únicamente guiado por la defensa de los intereses de la élite financiera y los especuladores”. “¿Podría decir el Gobierno exactamente qué derecho constitucional se ha visto vulnerado por esta Ley?, ¿o no son derechos, sino intereses, lo que protege?”, ha preguntado la consejera.

La norma, en vigor desde el 9 de octubre, ha permitido expropiar 39 viviendas para evitar sendos desahucios. En cuanto a las sanciones por inmuebles deshabitados, “el Gobierno ha presentado oportunamente el recurso antes de que hayan transcurrido los seis meses necesarios para acreditar que una vivienda está vacía”. “Está claro como el agua a quién sirven y a quién están dispuestos a sacrificar para que su servicio sea impecable”, ha añadido la consejera. Las 39 viviendas expropiadas para evitar desahucios se sitúan en las provincias de Málaga (15), Granada (seis), Sevilla (cinco), Córdoba (cinco), Cádiz (tres), Almería (tres) y Huelva (dos).

Tras recordar que dos de las expropiaciones están totalmente culminadas y así seguirán, ha precisado que “lo primero que vamos a hacer es solicitar a los juzgados de cada uno de los 37 casos restantes que no ejecuten el desahucio hasta que haya una sentencia, y lógicamente sólo si declarase la inconstitucionalidad de la Ley, algo que consideramos absolutamente inconcebible”, ha señalado la consejera, que ha recordado que la norma está “perfectamente anclada en la Constitución”.

La consejera ha afirmado que el recurso del Gobierno “no sólo afecta a estas 37 familias y a las casi dos centenares que cumplían los requisitos de la Ley y que se iban a acoger también a la expropiación, sino a todas las personas en proceso de desahucio en Andalucía”. “Esta Ley tenía un efecto disuasorio sobre todos los desahucios; cuando un banco iba a desahuciar a una familia, se lo pensaba dos veces, porque sabía que se exponía a sanciones por tener la vivienda vacía o a la expropiación de la casa, mientras que ahora tienen vía libre para desahuciar”, ha añadido la consejera.

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