Becerril propone que los pisos de VPO sean ocupados por desahuciados

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado en el pleno del Congreso el informe de la Institución correspondiente al año 2011. Durante su intervención, la Defensora ha anunciado que está realizando un informe sobre las viviendas de protección oficial (VPO) vacías que existen en España. Muchas de ellas podrían, mediante distintas fórmulas con las administraciones, ser utilizadas por familias que en estos momentos carecen de ellas.

En esta línea, Soledad Becerril presentó a primeros de noviembre varias recomendaciones para luchar contra los desahucios. Estas recomendaciones supusieron un paso más en el trabajo que la Institución está realizando para luchar contra los efectos de la crisis. En enero de 2012 la oficina del Defensor del Pueblo presentó el informe monográfico “Crisis Económica y Deudores Hipotecarios” con el que se buscaba dar una respuesta a la situación de miles de ciudadanos que como consecuencia de la crisis económica, el desplome de los precios inmobiliarios y el desempleo, no pueden afrontar el pago de sus hipotecas. El informe aborda los conflictos que reflejan las quejas presentadas ante la Institución, expone las actuaciones realizadas en estas materias y presenta 20 recomendaciones para que los poderes públicos las tomen en consideración a la hora de buscar soluciones a un problema cuya última consecuencia es la pobreza y la exclusión social.

Durante su intervención ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo que tuvo lugar en el Senado el pasado 6 de noviembre, Soledad Becerril reiteró las recomendaciones del citado informe y expuso nuevas propuestas como la reforma del RDL 6/2012 para que tenga un ámbito de aplicación más amplio; la importancia de elaborar un concepto jurídico del “deudor de buena fe”; o la necesidad de regular un procedimiento de insolvencia de las personas físicas, en la que se establezcan plazos y prórrogas que hagan el pago más flexible.

Por otra parte, la Defensora propuso que se establezca un acto previo de conciliación entre las partes, dotando al juez de la facultad de imponer un acuerdo razonable. También pidió limitar los intereses de demora y los gastos de ejecución, y propuso la dación en pago en determinadas circunstancias. Ahora, el Congreso ha convalidado el RDL 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios que ha sido valorado positivamente por la Defensora ya que contiene varias de sus recomendaciones. No obstante, Soledad Becerril considera que es un paso en la buena dirección, aunque hay que seguir avanzando.

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