Defensores del Pueblo piden que se regule la vivienda vacía

El Defensor del Pueblo de Murcia, José Pablo Ruíz Abellán, ha dado a conocer en rueda de prensa el informe elaborado por los Defensores del Pueblo que coordina, en el que ha destacado, entre las soluciones al sector inmobiliario, que se regule la figura de vivienda vacía para que se ocupe o mejorar la seguridad jurídica del régimen de alquiler para crear un clima de confianza.

Según este informe, la repercusión de la crisis en la vivienda afecta a toda la población, pero los grupos más afectados son jóvenes, mujeres, mayores, discapacitadas, inmigrantes, separados y divorciados.

Los Defensores del Pueblo llaman la atención sobre el hecho de que las administraciones locales hayan estado tan supeditadas a los ingresos por urbanismo y que no hayan planificado adecuadamente a las necesidades reales de la población, por lo que piden que se planifique mejor la segunda residencia y sea preferente la rehabilitación en el casco urbano sobre los nuevos desarrollos alejados de núcleos consolidados.

“La décima parte de la población necesita vivienda protegida o en alquiler protegido y el mercado probablemente no le satisface la demanda”, remarcó Ruíz Abellán, quién anunció que a finales de septiembre los catorce defensores debatirán este asunto en unas jornadas tituladas “Impacto de la crisis en los derechos de las personas” que se celebrarán en La Rioja.

También reclaman un marco jurídico que regule la sobreocupación para evitar casos de hacinamiento, y que se fomente la conversión de la vivienda libre finalizada en protegida.

Familias sin expectativas 

A su juicio, desde el punto de vista del consumo de la vivienda, la situación de crisis está teniendo graves consecuencias que truncan los proyectos y las expectativas de las familias, ya que los precios no se han adecuado “como para contrarrestar las frágiles economías familiares”.

Para Ruíz Abellán, la dificultad de acceso al crédito hipotecario, constituye otra de las causas de la situación actual, “y la demanda creciente de compra o alquiler de vivienda protegida no puede ser satisfecha, dada lo exiguo de la oferta existente”.

En este sentido, el infore considera que no sólo deben imperar criterios de rentabilidad empresarial, sino que deberían en tener en cuenta en ayudar a los sectores mas desfavorecidos, y en relación al suelo, se proponen medidas para que el territorio “cumpla la función social que le corresponde y que contribuya prioritariamente a satisfacer las necesidades de las familias y de las personas”.

Las respuestas a este escenario de crisis en relación al consumo de vivienda “son casi siempre traumáticas, ya que está suponiendo prolongar la permanencia en el hogar familiar, en muchos casos el retorno al mismo y en otros, la búsqueda de fórmulas precarias y provisionales de alojamiento“, agregó.

Superar las “presiones mercantilistas”

Las reflexiones y propuestas que han hecho los asesores de todas las defensorías autonómicas buscan ayudar a solucionar los problemas estructurales relacionados con el acceso a la vivienda en España “para superar los patrones mercantilistas preestablecidos, partiendo de una concienciación clara de lo que supone el papel social y el derecho básico a una vivienda digna y adecuada”, añadió.

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