La Ley de Suelo se modificará para impulsar la rehabilitación

El Gobierno se propone modificar la Ley del Suelo para eliminar las cargas urbanísticas que impiden realizar actividades de regeneración y renovación urbanas, según ha explicado la directora general de Arquitectura y Vivienda, Pilar Martínez, en una jornada organizada por el despacho de abogados Garrigues.

En la actualidad, más del 58% del parque edificado es anterior a 1980, además existen 26 millones de viviendas, de las que cerca de 6 millones tienen más de 50 años. Según explicó Pilar Martínez, “el potencial de la rehabilitación es enorme y su capacidad para generar empleo es mayor que el de la construcción de vivienda“.

Durante el debate sobre la rehabilitación de edificios como vía para dinamizar el sector de la construcción y generar empleo, los ponentes debatieron sobre las ventajas que supondría dinamizar la rehabilitación de la vivienda en nuestro país y las barreras que actualmente obstaculizan su desarrollo. Desde Garrigues se insistió en la necesidad de contribuir con esta actividad porque puede propiciar un nuevo modelo capaz de impulsar el sector de la construcción, conjugando el crecimiento económico y la austeridad sin apelar a fondos públicos.

Antonio Carbajal, director asociado de Garrigues Medio Ambiente, planteó la posibilidad de adaptar la normativa actual para obligar a rehabilitar los barrios deteriorados: “Sabemos que son tiempos complicados para introducir nuevas obligaciones, pero en este caso concurren tres argumentos de peso para plantear esta obligación: la necesidad de dignificar aquellos barrios con deficiencias manifiestas; generar actividad económica y empleo y, por último, ahorrar energía y emisiones de CO2“.

El experto de Garrigues también abordó las posibles fórmulas de acceso a la financiación sin recurrir a las subvenciones públicas. La reducción de riesgos y el aumento de la seguridad jurídica constituyen la base para obtener financiación de las entidades de crédito. Adicionalmente, Antonio Carbajal abogó por el ahorro de costes a través de  la industrialización del proceso de rehabilitación. “No sirve que las comunidades de vecinos acometan de forma aislada y dispersa la rehabilitación de inmuebles. Necesitamos una economía de escala, que plantee la rehabilitación de barrios enteros, que estandarice los procesos y que  introduzca la competencia en los procesos de adjudicación”, expuso el ponente de Garrigues.

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