La Junta de Andalucía aprueba el “derribo exprés”

Con el objetivo de frenar las construcciones ilegales, el Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado el martes, permite iniciar la demolición por vía de urgencia en el plazo de un mes.

Los ayuntamientos andaluces podrán iniciar procedimientos de demolición de obras ilegales por vía de urgencia e imponer sanciones que impidan el beneficio económico de los infractores. Estas son dos de las principales novedades del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por el Gobierno andaluz, una norma pionera en España que refuerza las competencias municipales en esta materia y faculta a los consistorios para agilizar la respuesta a las ilegalidades.

El reglamento, elaborado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, permitirá a los ayuntamientos y a la propia Junta incrementar la agilidad y la seguridad jurídica tanto en el aspecto preventivo y de detección de las infracciones como en la tramitación de los procedimientos y en la adopción de medidas disciplinarias.

El consejero de Vivienda, Juan Espadas, ha calificado el nuevo reglamento como un instrumento que contribuirá en mayor medida a que el cumplimiento de la legalidad urbanística sea un “elemento incuestionable” en Andalucía, y ha recalcado que aporta una “guía muy clara” a los reponsables de ejercer las competencias en esta materia.

Todo ello, ha señalado, con el objetivo de reforzar la prevención a través del control de las licencias y el incremento de garantías para atender la normativa; el cumplimiento de la legalidad urbanística y el restablecimiento de la legalidad física deteriorada, así como la revisión y tipificación de los elementos sancionadores.

El novedoso ‘derribo express’, fijado para actuaciones de urbanización o edificación manifiestamente ilegalizables, posibilitará a los ayuntamientos iniciar y concluir un procedimiento de demolición en el plazo de un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente, lo que supondrá una reducción de hasta once meses respecto al actual periodo ordinario de tramitación. Juan Espadas ha defendido que el objetivo es actuar con “rapidez” con vistas a “evitar que lo que hoy es un movimiento de tierra pueda ser en 12 meses una vivienda habitada”.

La Junta de Andalucía también podrá utilizar este procedimiento de forma subsidiaria en aquellos casos en los que los ayuntamientos no respondan a su requerimiento de intervención. En ningún caso el derribo podrá demorarse más allá de dos meses desde que se dicte la resolución, ya que es éste el nuevo plazo fijado con carácter general para lograr el rápido restablecimiento de la realidad física alterada.

El texto aprobado también se configura como una recopilación de respuestas a casos prácticos para facilitar el ejercicio de las competencias municipales. En este sentido, se detallan de manera precisa tanto los procedimientos de licencias como las distintas tipologías de las mismas, además de introducir nuevas medidas de agilización como las autorizaciones por fases y parciales o los procedimientos abreviados para obras menores.

El refuerzo de las acciones destinadas a prevenir infracciones urbanísticas es otra de las claves del reglamento. Se incorporan así nuevas medidas de coordinación con el Registro de la Propiedad, que deberá comunicar a las administraciones competentes la solicitud de inscripción de parcelaciones cuando existan dudas fundadas sobre su licitud. Asimismo, se amplía el listado de hechos inscribibles con nuevos supuestos de trascendencia para la disciplina urbanística, como obras fuera de ordenación, situaciones a la espera de respuesta por el planeamiento urbano y sentencias firmes que acuerdan la nulidad de licencia. Esto se dirige, ha indicado Juan Espadas, a garantizar la seguridad en las licencias y su control tanto para los compradores “de buena fe” como para los alcaldes.

Otra novedad en esta línea es la introducción de nuevos supuestos de presunción de parcelación ilegal en suelo no urbanizable, según criterios objetivos y antes de que se materialice sobre el terreno.

Igualmente novedosa es la introducción del principio de ‘cumplimiento por equivalencia’ para aquellas situaciones excepcionales en las que es imposible la ejecución material o legal de las resoluciones dictadas, previos informes técnico y jurídico que así lo acrediten. En estos casos (entre los que no se incluye el ‘derribo express’) se exigirá una indemnización sustitutoria en metálico o mediante la cesión de terreno, con independencia de la multa que se imponga. A este respecto, el consejero de Vivienda ha aclarado que se trata de buscar fórmulas para restituir la legalidad “no sólo mediante el derribo, sino también a través de la compensación”.

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