La vivienda, en el punto de mira del Defensor del Pueblo

El acceso a la vivienda ha sido una de las grandes quejas del ciudadano ante el Defensor del Pueblo a lo largo de 2011. Las ayudas al alquiler, los embargos o la accesibilidad de las viviendas por parte de discapacitados han sido algunas de las cuestiones que han provocado las protestas de los españoles. De hecho, la oficina que dirige Mª Luisa Cava de Llano está ultimando un informe sobre los desahucios por impago de hipotecas para su presentación ante el Parlamento.

En un ejercicio que volvió a estar marcado por la crisis económica, el Defensor del Pueblo incrementó sus recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las distintas administraciones públicas, hasta alcanzar las 534 resoluciones, 86 más que en 2010. El numero de quejas individuales presentadas por los ciudadanos se mantuvo a niveles del registrado en 2010, si bien descendió el número de quejas colectivas. “Los temas económicos son los que más siguen preocupando a los españoles: el paro, las prestaciones sociales, los problemas con entidades bancarias, el acceso a la vivienda, fueron algunos de los temas más recurrentes en las quejas de los ciudadanos”, señala en un comunicado la Oficina.

En materia de Vivienda destacan las sugerencias aceptadas por la Administración sobre solicitudes de vivienda por especial necesidad o sobre revocaciones de desahucio. Asimismo, en 2011 se han concluido casi 40 investigaciones sobre vivienda de protección pública con solución a problemas planteados por los interesados: reparación de daños constructivos, subsanación de desperfectos en elementos comunes por vandalismo, permuta a otra vivienda más adecuada o pago efectivo de ayudas a la entrada.

Por otra parte, en 2011 se continuó con la supervisión de los sistemas de ayudas como los contratos con la Sociedad Pública de Alquiler o la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes. También se ha abierto una investigación de oficio con las CCAA sobre la posibilidad de que haya en todo el país miles de viviendas públicas desocupadas.

Asimismo, se han formulado recomendaciones sobre las condiciones mínimas que deben tener las viviendas reservadas a personas con discapacidad; para que las campañas publicitarias sobre ayudas a la vivienda incluyan de forma expresa y clara una advertencia de las limitaciones previstas, presupuestarias o de otro tipo; para que se implante una gestión más eficaz de desalojo de viviendas de titularidad pública ocupadas ilegalmente; o para que se cree un Registro Único de Demandantes de vivienda protegida.

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