Los nuevos edificios dispondrán por ley de Internet

El Reglamento sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones garantiza que las viviendas de nuevos edificios estarán preparadas para las redes de telecomunicaciones de acceso ultrarrápido, que permitirán navegar en Internet a velocidades de 100 megabits por segundo o superiores.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está preparando un paquete normativo destinado a favorecer los despliegues de las redes de acceso ultrarrápido.  Entre las normas destaca el proyecto de nuevo Reglamento sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios.

Para atender la demanda de nuevas aplicaciones y servicios (Televisión de Alta Definición, Acceso a Internet ultrarrápido, videollamadas AD, TV3D, etc.), los operadores de telecomunicaciones están iniciando el despliegue de nuevas infraestructuras de acceso ultrarrápidas (redes de próxima generación), capaces de proporcionar velocidades varias veces superiores a las actuales, es decir, de más de 100 Megabits por segundo.

En las redes fijas, los operadores de telecomunicaciones sustituirán sus tradicionales pares de cobre por fibra óptica, mientras que los operadores de cable actualizarán sus redes de acceso de cable coaxial mediante nuevas tecnologías (DOCSIS.3) que permitan estas velocidades. Según expone el Ministerio El despliegue de estas infraestructuras resulta esencial para el desarrollo social y económico de España en las próximas décadas y va a contribuir de forma destacada a la generación de actividad económica y de empleo.

Igualmente, la previsión de dotar los edificios de infraestructuras de telecomunicaciones para recibir las nuevas aplicaciones y servicios garantiza el derecho de los ciudadanos a su acceso y refuerza el derecho fundamental, consagrado en el artículo 18 de la Constitución, a efectuar y recibir comunicaciones a través de las tecnologías y servicios más avanzados. También se garantiza las condiciones de competencia entre operadores en la oferta de sus servicios a los ciudadanos, al evitar que puedan crearse “cuellos de botella” en el acceso a los usuarios.

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