Más de 1,5 millones de españoles no tienen una vivienda digna

Acabar con la exclusión residencial -cuya situación más extrema y visible es vivir en la calle- es posible. Así lo recalca una Campaña Europea no gubernamental, que arrancará el 14 de abril en el Parlamento de Bruselas, para resolver en 2015 el problema de las personas sin hogar.

Así lo han asumido ocho organizaciones que trabajan con ese colectivo al prologar esa iniciativa continental con el lanzamiento en Madrid de diez Propuestas para una Estrategia de Erradicación del Sinhogarismo (palabra traducida del inglés homelessness y que resume el amplio concepto de exclusión residencial, que es un proceso complejo con múltiples dimensiones y causas).

Junto al abanico de razones personales que pueden abocar a la carencia de vivienda -fallecimiento, ruptura o conflicto familiar, drogadicción, enfermedad mental, etc.-, tienen un peso aún más decisivo factores estructurales como los altos precios inmobiliarios, el desempleo y la precariedad laboral, la insuficiente protección social, la política de inmigración o las distintas formas de discriminación.

En España, los estudios del sociólogo Pedro Cabrera concluyen que 6.190 personas sin techo duermen en la calle, otras 33.464 personas sin vivienda tienen un lugar temporal donde dormir en albergues e instituciones y 1.475.037 personas tienen una vivienda inadecuada, unas veces en caravanas o asentamientos y otras en casas insalubres o con gran hacinamiento.

En toda Europa, las estimaciones cifran las personas sin hogar en tres millones y en 15 millones quienes habitan en viviendas precarias. La erradicación de esta lacra parte del «derecho a una vivienda digna y estable» que deberían garantizar los poderes públicos.

Continúa con políticas sociales que atajen sus raíces estructurales, lo que exige integrarlas con las políticas de vivienda, salud, trabajo y educación. Y tiene un tercer peldaño clave de prevención, que debería, por un lado, apoyarse en la «provisión suficiente de vivienda de alquiler» a precios inferiores al mercado (sin superar el 30% de los ingresos familiares) y, por otro, establecer «cauces de comunicación entre Juzgados y Servicios Sociales municipales» para evitar desahucios e impagos.

Otro elemento clave es el empleo (de hecho, el 49,6% de personas sin hogar busca trabajo), porque una política de inserción laboral adaptada a sus necesidades.

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