Piden garantías frente a incumplimientos en la entrega de pisos

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a adoptar las medidas legales pertinentes para asegurar el dinero de los ciudadanos que compren vivienda nueva si la promotora o la constructora no la llega a entregar, así como para exigir a este tipo de compañías pruebas de “solvencia económica” antes de visar sus proyectos.

El BNG recuerda en su iniciativa, que muchos ciudadanos que invirtieron sus ahorros en una vivienda nueva en construcción han sufrido los perjuicios de la crisis del sector inmobiliario, que provocó que gran parte de estas promociones no se finalizaran o, incluso, ni siquiera comenzaran a ser construidas.

“Estos ciudadanos se encuentran en una situación de total indefensión, desamparados y, en muchos casos, ni siquiera han podido recuperar el dinero invertido en un proyecto de vivienda que nunca cuajó”, recuerda el grupo parlamentario, que critica la “deficiente” legislación sobre este asunto.

Por eso, pide al Gobierno que apruebe “medidas legislativas que ofrezcan la suficiente garantía a los ciudadanos que invierten sus ahorros en la adquisición de una vivienda de nueva construcción que, por errores en la gestión de las empresas constructoras o promotoras, nunca llegan a ejecutarse”.

En concreto, el BNG propone diseñar normas para que los ciudadanos puedan recuperar la totalidad del dinero invertido en los casos en que no lleguen a recibir las llaves de su vivienda, así como “endurecer el régimen administrativo sancionador y el Código Penal en los casos en que se incumpla por parte de promotores o constructores la obligación de entregar viviendas que se correspondan con promociones en construcción”.

En la misma línea, sugiere también que se exijan a constructoras, promotoras o entidades bancarias acreditar una solvencia económica suficiente para cubrir los compromisos económicos contraídos con los compradores “antes de la concesión de la licencia urbanística” y “ampliar la responsabilidad patrimonial personal de los administradores” de este tipo de compañías para que “respondan con su patrimonio por las deudas contraídas por las empresas en caso de no cumplir con sus compromisos”.

Finalmente, exige la creación de un fondo destinado a indemnizar a personas afectadas por el incumplimiento de la entrega de viviendas en construcción o, en su caso, a “financiar la completa ejecución de las mismas”. Este fondo debería nutrirse con recursos y avales depositados por los operadores en el sector inmobiliario. El BNG aprovecha también su iniciativa para recordar al Gobierno que es “necesario” abordar una verdadera normativa de dación en pago.

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