Plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida

El Gobierno ha aprobado un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que limita el pago en efectivo de servicios profesionales a 2.500 euros, obliga a los ciudadanos a declarar los bienes que tengan en el extranjero y facilita los embargos preventivos para garantizar el cobro de deudas tributarias.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el Proyecto de Ley para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida tiene como objetivo “que haya igualdad y equidad de todos los ciudadanos a la hora de pagar sus impuestos y que no haya ciudadanos que eludan el pago de sus obligaciones fiscales“. El plan, que fue presentado por el Ejecutivo el pasado 13 de abril, ataca los nichos de fraude fiscal y refuerza la seguridad jurídica y la capacidad de la Agencia Tributaria para evitar que “una vez detectado el fraude fiscal, el defraudador se vaya de rositas porque oculte sus bienes y no se le puedan embargar”, según ha señalado la vicepresidenta.

El texto aprobado incorpora algunas de las recomendaciones realizadas por los expertos. Sáenz de Santamaría ha destacado que “tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España han avalado este plan”. A tenor del mismo, no podrán pagarse en efectivo operaciones superiores  a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario o profesional, cifra que se eleva a 15.000 euros cuando se trate de no residentes. La vicepresidenta ha explicado que si las operaciones se efectúan entre dos particulares entre sí podrá superarse ese límite. Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago en efectivo. Además, tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, si bien la parte que denuncie los hechos podrá eludir la sanción con Hacienda.

Todos los contribuyentes deberán informar a la Agencia Tributaria sobre las cuentas, valores e inmuebles que se tengan en el extranjero. Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que las ganancias patrimoniales no declaradas no prescribirán nunca y se imputarán al ejercicio económico del año en que se descubran. Además, en este caso, la vicepresidenta ha aclarado que los contribuyentes se enfrentarán una multa como mínimo de 10.000 euros que “se incrementará en 5.000 por cada dato no comunicado”.

El texto también recoge la exclusión del régimen de módulos de los empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y a los que obtengan rendimientos por importe superior a 225.000 euros procedentes de otros empresarios o profesionales.

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