Archivos sobre ‘bancos’

Lunes, 30 de junio de 2014

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Nuevo responsable en el área inmobiliaria del BBVA

Miércoles, 30 de abril de 2014

villar-aragon-1--644x362La entidad financiera BBVA ha nombrado a Agustín Vidal-Aragón de Olives nuevo responsable de su área inmobiliaria, denominada BBVA Real Estate. Vidal-Aragón sustituye en el cargo a Antonio Béjar, que será propuesto por la entidad como nuevo presidente de Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH), la promotora de la ‘Operación Chamartín’, en la que el BBVA controla el 72% de su capital.

Antonio Béjar es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, tiene un Master en Administración de Negocios del Instituto de Empresa y ha cursado el Programa de Dirección General del IESE. Por su parte, Agustín Vidal es licenciado en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. Hasta la fecha era director territorial para Andalucía y Extremadura de la entidad.

Por otra parte, BBVA ha creado una nueva unidad denominada ‘Non Performing Assets’ (activos improductivos), que estará presidida por Pedro Urrestiy desarrollará un plan de gestión de activos problemáticos. Anida, cabecera del negocio inmobiliario del BBVA, facturó 278 M€ en 2012, con 179 empleado

La morosidad de la banca desciende

Lunes, 21 de abril de 2014

La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas ha bajado por segundo mes consecutivo y se ha instalado en el 13,42%, incluyendo el cambio metodológico en la clasificación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que han dejado de ser considerados dentro de la categoría de entidades de crédito.

Piden limitar los tipos de interés en las novaciones hipotecarias

Miércoles, 22 de enero de 2014

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) va a solicitar al Ministerio de Economía y Competitividad que promueva un pacto para limitar los tipos de interés en las novaciones de hipotecas, así el usuario podrá recortar su cuota mensual, y las entidades bancarias podrán reducir su índice de morosidad, pues los clientes podrán pagar más fácilmente.

Las consecuencias de  la crisis ha provocado que  muchos usuarios que, en una situación más favorable, se hipotecaron, ahora tienen problemas para pagar las cuotas. Ante esta situación, muchos han encaminado sus pasos hacia la entidad financiera para solicitar una novación de la hipoteca, ampliando el plazo y reduciendo así la cuota.

Sobre el papel parece buena idea, pero no lo es, pues las entidades aprovechan para cambiar las condiciones. OCU ha comprobado que, con frecuencia, el banco accede a  ampliar el plazo de la hipoteca, pero no en las mismas condiciones. Lo que hacen es aprovechar la novación para aumentar el diferencial, resultando ser mucho más elevado que el que había inicialmente. Así, a cambio de alargar su hipoteca, tendrá que pagar mucho más por su dinero y apenas recortará la cuota.

OCU aconseja que, si se plantea ampliar el plazo de tu hipoteca para reducir la cuota, antes de firmar nada se revise exhaustivamente la propuesta de novación del banco. Cabe la posibilidad de negociar con la entidad de otra manera, por ejemplo, planteando reducir la vinculación con ella (contratando seguros o tarjetas con otra entidad.

Otra opción es subrogar la hipoteca con otro banco.
Esto tiene unos gastos superiores, y en principio solo interesa si el tipo de interés que te ofrecen es al menos un 0.25% inferior a lo que te ofrece tu entidad.

Andalucía pedirá al TC levantar la suspensión de la Ley Antidesahucios

Lunes, 20 de enero de 2014

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, está preparando el informe para pedir al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno contra la Ley de función social de la vivienda, y ha anunciado que pedirá a los juzgados donde se instruyen procedimientos de ejecución hipotecaria que no ejecuten los desahucios hasta que el TC no tome una decisión en firme.

Cortés ha hecho esas peticiones tras conocer que el TC ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, lo que provoca su suspensión cautelar.

La consejera, que ya anteriormente había anunciado que, una vez que el recurso fuera presentado y admitido a trámite por el TC la Junta presentaría una solicitud formal para pedir que se levante la suspensión cautelar de los artículos recurridos, ha explicado a los medios que el Gobierno andaluz ya está preparando el informe para pedir el levantamiento de la suspensión cautelar que hace el TC aplicando una artículo de la Constitución “por el que se suspende cautelarmente la norma sin entrar en el fondo”.

En ese sentido, ha indicado que el TC tiene un plazo como máximo de cinco meses para levantar la suspensión cautelar, mientras que tiene “años” para decidir sobre el fondo.

Cortés ha explicado que su petición se formula “en atención a dos elementos fundamentales”, esto es, el hecho de que el recurso del Gobierno “provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía”, y, por otro lado, al hecho de que en Cataluña “opera una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas y no pasa nada”.

Cortés considera que el recurso del Gobierno central “está más provocado porque al PP le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía”.

Asimismo, ha indicado que “los primeros efectos” de la admisión de ese recurso será “dar campo libre a los especuladores, el Gobierno ha vuelto a claudicar ante la banca”.

Sobre las 39 expropiaciones ya efectuadas y pendientes de aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, Cortés ha precisado que se van a dirigir a los juzgados que llevan esas ejecuciones hipotecarias pidiéndoles que “no se desahucie a nadie hasta que el TC no tome una decisión definitiva”.

La consejera ha indicado que esta suspensión no tiene carácter retroactivo, por lo que las dos primeras viviendas con las expropiaciones ya culminadas totalmente seguirán estando expropiadas por la Junta,
mientras que sobre el resto “vamos a pedir a los juzgados que hasta que el TC no se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley, los jueces no ejecuten esos desahucios de esas familias”.

Ha lamentado la actitud del PP “con este recurso de la vergüenza, presentado de manera clandestina, sin que ningún ministro del Gobierno haya dado la cara” y considera dicho recurso “un ataque a la soberanía del pueblo andaluz, en orden a su Estatuto y al Parlamento, pues se trata de una ley plenamente constitucional”.

Ha recordado que actualmente hay 39 expropiaciones temporales de uso efectuadas y otras 200 personas a las que se les estaban validando sus expedientes en las provincias”.

Cortés ha recordado que la ley “antidesahucios” andaluza “era muy poderosa porque era disuasoria para todos los desahucios que se podían producir en Andalucía, porque los bancos entendían que si iniciaban una ejecución hipotecaria se podían enfrentar a una expropiación temporal del uso de esa vivienda”. “Es una ley que da poder al ciudadano frente a entidades financieras que están efectuando ejecuciones hipotecarias a pesar de haber sido rescatadas con dinero público”, destaca la consejera.

Además, reconoce que tenía la esperanza de que el PP “dialogara y tuviera cultura democrática, pues el Parlamento andaluz, en aras de la soberanía del pueblo andaluz, ha aprobado una ley”, pero lamenta que el Gobierno “presenta un recurso clandestino y de la vergüenza que desprotege a las familias y trabajadores que están siendo estafadas por esa estafa hipotecaria y da campo libre a los especuladores de la vivienda”.

Cortés ha recordado que en otras comunidades autónomas, el PP “está vendiendo el parque público de viviendas a ‘fondos buitre’, ese es el modelo del PP; mientras que en Andalucía, con IU en el Gobierno, la Junta se pone al lado de las clases trabajadoras y a las mujeres, protagonistas de la defensa de la dignidad de sus familias y de sus casas frente a un desahucio”.

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha afirmado en una nota que el recurso del Gobierno “provocará desahucios y especulación, porque ése es precisamente su objetivo”. Considera que este recurso encarecerá el acceso a la vivienda, puesto que la Ley “ante todo pretendía abaratarlo mediante la salida en alquiler asequible de las viviendas vacías, y devolverá a la rutina las imágenes de violencia contra las familias que no pueden pagar su hipoteca a causa de la estafa financiera”, ha señalado Cortés, que ha recordado que en Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías.

La consejera ha explicado que la paralización afecta fundamentalmente a dos aspectos de la Ley: el primero, la expropiación de viviendas a los bancos para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social; el segundo, las sanciones a entidades financieras por mantener viviendas vacías y no sacarlas en alquiler asequible. El resto de la Ley sigue en vigor.

Cortés ha lamentado la “infinita cobardía del Gobierno, que ha presentado el recurso sin dar la cara, avergonzado de sí mismo, consciente de que todo el mundo sabe que está actuando únicamente guiado por la defensa de los intereses de la élite financiera y los especuladores”. “¿Podría decir el Gobierno exactamente qué derecho constitucional se ha visto vulnerado por esta Ley?, ¿o no son derechos, sino intereses, lo que protege?”, ha preguntado la consejera.

La norma, en vigor desde el 9 de octubre, ha permitido expropiar 39 viviendas para evitar sendos desahucios. En cuanto a las sanciones por inmuebles deshabitados, “el Gobierno ha presentado oportunamente el recurso antes de que hayan transcurrido los seis meses necesarios para acreditar que una vivienda está vacía”. “Está claro como el agua a quién sirven y a quién están dispuestos a sacrificar para que su servicio sea impecable”, ha añadido la consejera. Las 39 viviendas expropiadas para evitar desahucios se sitúan en las provincias de Málaga (15), Granada (seis), Sevilla (cinco), Córdoba (cinco), Cádiz (tres), Almería (tres) y Huelva (dos).

Tras recordar que dos de las expropiaciones están totalmente culminadas y así seguirán, ha precisado que “lo primero que vamos a hacer es solicitar a los juzgados de cada uno de los 37 casos restantes que no ejecuten el desahucio hasta que haya una sentencia, y lógicamente sólo si declarase la inconstitucionalidad de la Ley, algo que consideramos absolutamente inconcebible”, ha señalado la consejera, que ha recordado que la norma está “perfectamente anclada en la Constitución”.

La consejera ha afirmado que el recurso del Gobierno “no sólo afecta a estas 37 familias y a las casi dos centenares que cumplían los requisitos de la Ley y que se iban a acoger también a la expropiación, sino a todas las personas en proceso de desahucio en Andalucía”. “Esta Ley tenía un efecto disuasorio sobre todos los desahucios; cuando un banco iba a desahuciar a una familia, se lo pensaba dos veces, porque sabía que se exponía a sanciones por tener la vivienda vacía o a la expropiación de la casa, mientras que ahora tienen vía libre para desahuciar”, ha añadido la consejera.

El precio de la vivienda usada, más ajustado que el de la nueva en 2013

Martes, 31 de diciembre de 2013

Según los datos del INE, en octubre las ventas de viviendas nuevas inscritas en el registro de la propiedad se desplomaron un 17,6%, hasta las 10.071 operaciones, mientras que la compraventa de vivienda de segunda mano descendió un 2,9% hasta las 12.699 operaciones. Uno de los factores que explica este comportamiento es el mayor ajuste en el precio de la vivienda usada que en la vivienda nueva.

Según los analistas, otro factor que explica esta diferencia en la compraventa es la guerra de precios en el segmento de segunda mano entre particulares y bancos por vender, algo que en la vivienda nueva no ha ocurrido. Muchos promotores se han visto atados de pies y manos para rebajar los precios y no vender a pérdidas, mientras que los bancos sí pueden permitirse bajar precios.

El PSOE propone premiar a los bancos que den más crédito

Miércoles, 20 de noviembre de 2013

El PSOE ha defendido ante la Comisión de Economía del Congreso una iniciativa para articular un plan de financiación bancaria que primer a las entidades que concedan más crédito a las familias y a las empresas, particularmente a las pymes.

Según consta en la iniciativa, que recoge Europa Press, el principal “cuello de botella” de la economía española es la falta de crédito y el endurecimiento de las condiciones de acceso al mismo, lo que está provocando la “destrucción masiva del tejido empresarial, limitando la puesta en marcha de nuevos proyectos” y dejando “excluidas de los canales de crédito” a la mayor parte de las pymes, lo que conlleva un incremento de la morosidad.

Por eso, hacen falta mecanismos para fomentar el acceso a la financiación del sector empresarial, particularmente de las pequeñas y medianas empresas, a través tanto de las vías bancarias como de vías alternativas.

En concreto, se plantea que el Banco de España, en coordinación con el Banco Central Europeo (BCE), ponga en marcha un programa de Financiación por Préstamos para incentivar a las entidades financieras a otorgar créditos a empresas no financieras a través de una reducción en sus costes de financiación.

Así, se sugiere que este programa financie el crecimiento del crédito neto de las entidades financieras que podrían “utilizar el colateral de este nuevo crédito a la economía real”. Eso sí, el acceso a esta financiación “en condiciones privilegiadas” estaría supeditado al volumen de crédito concedido por las entidades a las pymes.

“El coste sería menor para las entidades financieras que mantengan o aumenten su crédito concedido”, precisa el PSOE, apostillando que las entidades financieras no tendrían que computar estos préstamos en su balance, sino que tendrían la posibilidad de sustituirlos por títulos públicos “con mayores garantías”.

Para hacer un reconocimiento público a las entidades que “mayores esfuerzos” realicen para facilitar la financiación a las pymes a través se establecerían incentivos como, por ejemplo, con el acceso a las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El programa estaría en vigor durante un tiempo determinado fijado por la autoridad bancaria “en función de objetivos reales”, y se podría mantener “hasta que se recupere la actividad económica”. Así, los incentivos serían crecientes “en función de la distancia a los objetivos perseguidos, y disminuirían según se acerque su cumplimiento.

También se sugiere fomentar el crédito bancario mediante programas de garantías a través de sociedades de garantía recíproca (SGR), de tal manera que “se garantice que los créditos lleguen a micro, pequeñas y medianas empresas), así como instrumentar líneas específicas para pymes del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En la proposición los socialistas incluyen otras propuestas para incrementar el volumen de crédito disponible y reducir la fuerte dependencia de la financiación bancaria, utilizando para ello el capital riesgo, los “business angels”, el capital semilla o los préstamos participativos.

Con respecto al ICO, se pide reforzar su papel en el mercado financiero y ampliar las líneas para empresas de reciente creación de sectores con perspectivas altas, para empresas establecidas con dificultades para recapitalizarse, o de descuento de facturas pendientes de pago por parte de la administración pública.

En este mismo sentido, proponen disminuir la morosidad mediante la puesta en marcha de procedimientos de reclamación simplificados para deudas de bajo importe, el cumplimiento de la normativa europea y nacional, y la posibilidad de que las empresas puedan compensar a través de una única cuenta con la administración pública los pagos y cobros pendientes reconocidos.

Sólo un 10% de afectados se ha acogido al código antidesahucios

Miércoles, 13 de noviembre de 2013

La Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (Adicae) ha denunciado que, hasta la fecha, apenas un 10% de los hipotecados con problemas han podido acogerse al código de buenas prácticas bancarias creado por el Gobierno para evitar que las familias más desfavorecidas perdieran sus viviendas. Según Adicae, las entidades no aceptaban considerar el índice IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) de ingresos familiares como condición para renegociar las hipotecas.

La Asociación señala que ha abierto en lo que va de año un total de 1.510 mediaciones hipotecarias entre entidades financieras y deudores, consumidores con problemas para pagar sus préstamos hipotecarios. De estas mediaciones, el 55%, un total de 832, han sido exitosas, lo que implica que cada día la asociación está consiguiendo frenar entre dos y tres ejecuciones hipotecarias logrando acuerdos entre los consumidores y las entidades financieras. Acuerdos basados fundamentalmente en la implementación de carencias, rebajas de intereses y cuotas y, sobre todo, eliminación de cláusulas abusivas como los ‘suelos’ que permiten reducir los pagos mensuales hasta 300 euros.

Según Fitch, aún no se puede hablar de recuperación inmobiliaria

Lunes, 11 de noviembre de 2013

La agencia de calificaciones crediticias Fitch ha advertido de que aún no se puede hablar de recuperación del mercado inmobiliario. De hecho, el repunte de las inversiones foráneas en el sector se explica más por los fuertes descuentos que pueden encontrar (sobre todo, en la costa mediterránea) que por un cambio de tendencia.

Según apunta la agencia en su último informe sobre España y que recoge el diario EXPANSIÓN, “se está interpretando el interés de los inversores extranjeros en la propiedad residencial española como un signo de recuperación del mercado… creemos que el apetito de los inversores extranjeros se debe principalmente a una oportunista caza de gangas”.

Para probar esta tendencia, la agencia de califiación ha tomado “algunas de las transacciones más relevantes” que se han cerrado con inversores foráneos, y ha constatado que el precio medio por metro cuadrado metro está muy por debajo de 1.000 euros. “Esto es más de un 40% menor que el precio medio nacional”, apunta. Podría pensarse que, pese a los descuentos, el auge de las operaciones de extranjeros ha reavivado el mercado hasta poder hablar de “estabilización”. Fitch no lo comparte, ya que “el volumen de las compras no ha reducido hasta ahora el exceso de oferta suficiente para sustentar una verdadera recuperación ”, como añade el informe, elaborado por los analistas Carlos Masip y Juan David García.

Por otro lado, la agencia resalta un dato llamativo: los inmuebles “que han sido recuperados por los prestamistas” (adjudicados y embargados) han perdido, de media, un 71,5% de su valor original, cuando se tasó por primera vez. Esto es casi el doble que la media nacional: según la principal tasadora, Tinsa, el valor de las casas acumula una caída del 39% desde el pico de la burbuja inmobiliaria.

Además, esos inmuebles embargados se están vendiendo cada vez más. En concreto, en el primer semestre de 2013, los fondos de titulización se deshicieron del 44% de los activos de este tipo que tenían, frente al 31% del anterior semestre, según Fitch. Son los bancos los que gestionan, generalmente, las carteras de inmuebles de esos fondos. Cabe recordar que la banca se puede adjudicar pisos por su propio negocio o en nombre de fondos de titulización.

Las entidades analizadas por Fitch que más comercializaron en la primera mitad de este año fueron BBVA y CatalunyaCaixa, que además fue la que vendió un mayor porcentaje. En concreto, más del 80% de su cartera total. Por último, Fitch destaca que “el plazo medio para vender las propiedades embargadas es de alrededor de 15 meses desde la toma de posesión”, algo menos que en 2012, pero todavía un periodo demasiado prolongado, a su juicio, por la difícil situación del mercado inmobiliario.

Los criterios para la tasación inmobiliaria podrían ser modificados

Miércoles, 23 de octubre de 2013

El Banco de España plantea modificar los criterios exigidos en la tasación de los inmuebles que sirven de garantía real en operaciones de crédito, según un borrador de circular.

De acuerdo a este documento del que se hace eco Spanish Real State, el Banco de España pretende obligar a los bancos a revisar con una frecuencia mínima la tasación de los inmuebles que funcionan como garantía para préstamos, así como a los recibidos como pago por deudas.

En las operaciones normales, esta frecuencia será de un año para los inmuebles comerciales y tres para los demás, a no ser que estos estén vinculados a préstamos que superen los tres millones de euros o el 5% de los recursos de la entidad.

En caso de operaciones subestándar, también se revisarán anualmente los inmuebles residenciales terminados y en todo caso en las operaciones dudosas.

El Banco de España también propone criterios adicionales para determinados niveles de riesgo respecto a la tasación, en caso de reestructuración de la financiación o “siempre que las condiciones de mercado u otras circunstancias indiquen que los precios de los activos puedan estar experimentando disminuciones significativas”, entre otros casos.

Adicionalmente, considera que si la entidad financiera no dispone de una revisión de valor de acuerdo a estos criterios, deberá reducir cautelarmente el valor del bien en un 20% respecto a la última tasación.

La propuesta de circular también plantea reforzar la transparencia de las tasadoras, que deberán remitir documentación al Banco de España y contar con un código de conducta, así como su independencia respecto a sus clientes. Asimismo, también fija nuevos procedimientos para la “concesión responsable de préstamos y créditos a los consumidores”, especialmente si estos están vinculados a monedas extranjeras.