Archivos sobre ‘dinero público’

El nuevo Plan de Infraestructuras de Fomento apela al capital privado

Lunes, 24 de septiembre de 2012

La ministra de Fomento, Ana Pastor, presenta este miércoles, 26 de septiembre, en el Congreso el nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que marcará las líneas básicas de actuación en estas tres políticas del Ministerio y apelará a la colaboración del capital privado para costear las inversiones.

El plan, que cuenta con un horizonte de ejecución a 2024, busca así abrir una nueva etapa en los modelos de gestión y financiación de infraestructuras, y superar la desigualdad territorial de la actual red de infraestructuras.

Para ello, el PITVI pretende atender a las necesidades de dotaciones de transporte que aún presenta España y, a la vez, plantear un escenario inversor estable para el sector de la construcción y la ingeniería civil.

Fomento lanza su plan de infraestructuras un día antes de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 y en pleno parón de la construcción en el país, con la licitación de obras públicas en mínimos históricos ante los ajustes que el cumplimiento del objetivo de déficit exige tanto al Gobierno central como a autonómicos y locales.

En cuanto al volumen de inversión del plan, en fuentes del sector apuntaron a Europa Press que será “bastante inferior” al de 225.000 millones de euros inicialmente estimado por técnicos del Ministerio para el conjunto del periodo.

No obstante, en su primera comparecencia parlamentaria, el pasado mes de febrero, Pastor cifró en unos 25.000 millones de euros la inversión en ferrocarril de Alta Velocidad (AVE) prevista para el plan y en 52.400 millones la correspondiente a construcción y mantenimiento de carreteras.

Financiación

La colaboración entre el capital privado y el público será clave para financiar estas inversiones, según ha subrayado la titular de Fomento en distintas intervenciones públicas.

En la actual coyuntura de crisis y recortes, Pastor apuesta por “buscar alternativas que no afecten al equilibrio de las cuentas públicas y garanticen el mantenimiento de un satisfactorio nivel de inversión en infraestructuras”.

En paralelo, la ministra de Fomento garantiza que “optimizará todos los recursos disponibles y priorizará las inversiones que generen mayor retorno productivo y social”.

“El tiempo de las obras faraónicas, de los convenios sin dinero y de los aeropuertos sin tráfico ha terminado”,
según advirtió Pastor en su primera comparecencia parlamentaria.

La SGA hará del Gobierno la mayor inmobiliaria de España

Lunes, 13 de agosto de 2012

El director general de Negocio de Aguirre Newman, Ángel Serrano, en una entrevista concedida a Europa Press, ha recordado que la sociedad de gestión de activos que el Gobierno prevé perfilar en el Consejo de Ministros del próximo 24 de agosto, y que integrará activos de las entidades financieras nacionalizadas, le convertirá en “el propietario de la inmobiliaria más grande de España”, lo que le confiere la capacidad para dar los primeros pasos hacia un nuevo mercado inmobiliario.

Serrano asegura que la crisis ha hecho de España una tierra de oportunidades y que es necesario sanear y reestructurar el sector inmobiliario para que, entre otras cosas, el capital que aún existe en el sector privado, nacional e internacional, se ponga a funcionar. “El dinero público ha desaparecido, pero el privado no. Hay instituciones internacionales que llevan en España cerca de dos años intentando cerrar operaciones”.

Por ello, también ve sencillo el camino: “El Estado va a ser el propietario de la compañía inmobiliaria más importante de España, que va a ser la sociedad de gestión de activos, tiene la llave para atraer a fondos internacionales, con la colaboración de empresas que tienen cantidad de ideas para poner en marcha instrumentos de colaboración público-privado”.

Una gestión activa y estratégica

Así, considera que es necesaria una “gestión activa y estratégica” de esta sociedad. De hecho considera que no debe haber un sólo gestor si la sociedad va a manejar diferentes tipos de activos. “El diseño que haga Álvarez & Marsal debería tener en cuenta que los activos no pierdan valor y tengan una rentabilidad a largo plazo”, señala.

Más aún, Serrano recuerda que el Gobierno ha puesto recientemente en marcha un plan para racionalizar su patrimonio inmobiliario, con el que puede ser también la “punta de lanza” para el nuevo mercado inmobiliario. A modo de ejemplo, Serrano sugiere que cuando el Ejecutivo ponga en venta uno de sus activos podría condicionar la compra al desarrollo de un proyecto de rehabilitación donde primen los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

“Sería una manera de dar ejemplo: He vendido un edificio, he generado liquidez y he dinamizado el mercado de la rehabilitación, generando empleo y conciencia ecológica”, indica el director general de Negocio de Aguirre Newman, quien remacha: “El Estado tiene muchas claves para poder monitorizar actuaciones y hay mucho capital interesado en España”.

Entre las claves del nuevo sector inmobiliario, Aguirre Newman considera que, ante la parálisis de las compraventas de viviendas, es preciso también “instrumentalizar ayudas e incentivos al alquiler y la rehabilitación”. Y es que, aunque prevé que los precios de la vivienda comiencen a estabilizarse a finales de 2013, Serrano cree que el debate sobre cuánto bajarán los precios y cuándo se reactivará el crédito antes de ver una revitalización de las compraventas de viviendas no tiene sentido en estos momentos.

“No es un problema de precio, del crédito, de la subida del IVA o del fin de la desgravación por compra de vivienda, es un problema de confianza”, la propia de un país en recesión y con 5,6 millones de parados que, con los nuevos ajustes (menos salarios en el sector público y más IVA, entre otros), ve como la capacidad adquisitiva “ha destruido” la demanda.

Dinamizar la demanda extranjera

En este sentido, opina que la caída de ventas de viviendas en junio, hasta el 11,4%, según datos del INE, “confirma que la demanda es mucho más sensible a la recesión y al paro, que a la subida del IVA y la disminución de la desgravación fiscal a partir de 2013″. Por ello, Aguirre Newman considera fundamental en el segmento de compraventa dinamizar la demanda internacional a través de una máxima transparencia y seguridad jurídica. “La demanda nacional está deprimida, pero la internacional no”, añade.

Por último, como muchos otros agentes del sector, considera que el nuevo mercado inmobiliario deberá contar con un “inventario de realidad del “stock” de viviendas sin vender y un índice de precios “transparente” que sirva de referencia para todo el sector”.

¿Dinero público para la banca?

Miércoles, 9 de mayo de 2012


A media sesión bursátil Bankia lideraba los recortes del selectivo madrileño con una bajada del 4,7%, justo antes de que el presidente de la entidad, Rodrigo Rato, anunciara su dimisión. Ambos hechos dentro de una jornada marcada por el anuncio de Rajoy que no descarta inyectar dinero público para sanear la banca. Una decisión que no ha sentado bien ni a oposición ni a sindicatos.

Rajoy forzará a los bancos a vender sus pisos “aunque pierdan dinero”

Lunes, 7 de mayo de 2012

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado en una entrevista concedida a Onda Cero, que el próximo viernes se aprobará un segundo decreto para sanear el sistema financiero que servirá para que “en poco tiempo” las entidades queden capitalizadas, aunque ha aclarado que “solamente entrará dinero público en una situación límite”.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que uno de los objetivos de la reforma financiera, de la que ahora se va a dar el segundo paso, es que se fije el “precio real” de las viviendas en los balances de los bancos, y que estos activos inmobiliarios se saquen a la venta “aunque pierdan dinero todos, promotores y bancos”.

El jefe del Gobierno ha afirmado que “no está decidido que haya dinero público en esta operación”, pero “si eso fuera necesario para salvar al sistema financiero no renunciaría” a hacerlo, tal y como ha ocurrido en otros países europeos y en España en el pasado a través del FROB, ha recordado.

Igualmente, Rajoy ha afirmado que no es “partidario del banco malo”, que se encargaría de gestionar los activos inmobiliarios problemáticos (185.000 millones) de los bancos españoles afectados por el derrumbe de la burbuja inmobiliaria.

Preguntado si el Gobierno estaría dispuesto a prestar o inyectar dinero público para salvar Bankia, ha insistido en que su “última intención” sería dar ese paso, pero el Consejo de Ministros del próximo viernes va a tomar “medidas importantes”, que no ha querido detallar, con el “objetivo fundamental” de que no haya “ninguna duda” sobre la solvencia de las entidades. La intención, según Rajoy, es que “no haya dudas”, que “haya claridad”, y que “los bancos puedan financiarse fuera de España”.

El presidente del Gobierno ha recalcado que en todo caso las medidas que van a adoptarse no afectarán al objetivo de déficit, situado este año en el 5,3% del PIB, y que según ha asegurado, “está encarrilado”.

Falta de crédito, el gran problema

Rajoy ha recordado que la falta de crédito es “sin duda” uno de los grandes problemas en España, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, autónomos y familias, motivo por el que el Gobierno está adoptando medidas como la hoy anunciada.

Plantean la dación en pago en entidades rescatadas por el Estado

Lunes, 20 de febrero de 2012

Iniciativa per Catalunya (ICV), que comparte grupo parlamentario con IU y CHA en el Congreso, pedirá al Gobierno que regule la dación en pago como fórmula para saldar deudas hipotecarias con entidades bancarias que hayan sido rescatadas o que estén avaladas con dinero público, según se recoge en una interpelación urgente a la ministra de Fomento y Vivienda, Ana Pastor, recogida por Europa Press y que se debatirá en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles.

Según plantean los diputados Joan Coscubiela y Laia Ortiz, las entidades bancarias fueron en gran medida causantes de la “espiral inflacionista en los precios de la vivienda” de los últimos años como consecuencia de las condiciones en las que otorgaban créditos hipotecarios, ante la “pasividad del Banco de España y del Ministerio de Economía y Hacienda”.

Ésta era una “práctica beneficiosa únicamente desde el punto de vista de las entidades que otorgaban aquellos créditos y que, con esto, contribuían a que España lograra los mayores índices de sobreendeudamiento privado del mundo”, reprochan los diputados del grupo de Izquierda Plural.

Ahora que la crisis económica y el paro dificulta a muchas familias españolas el pago de estas hipotecas, muchos de los tomadores de créditos bancarios están siendo sometidos a desahucios, mientras las promotoras de vivienda, que tienen “grados de insolvencia muy superiores”, son “tratadas preferentemente por los bancos a través de daciones masivas de sus activos sin deuda residual”.

Por eso, los diputados exigen “mecanismos reguladores de los procesos de ejecución de los créditos con garantía hipotecaria protegiendo los intereses de una ciudadanía que se encuentra en posición de vulnerabilidad”. “No es suficiente ni justo que el Estado sólo se preocupe de salvar y reforzar la solvencia de las entidades financieras con la aportación de miles de millones de euros (…) y no se adopte ninguna medida para garantizar una protección necesaria y justa a los ciudadanos en riesgo de perder sus viviendas”, opinan.

La autorregulación no basta

De cara al futuro y dado que los diputados consideran que estas prácticas “no se contendrán a través de la autorregulación de los sectores implicados”, también pedirán al Ejecutivo que legisle “el marco del campo de juego razonable en que se deben llevar a cabo las operaciones crediticias que afectan a la obtención de un bien como es la vivienda”.

Es necesario introducir límites en el ejercicio de las facultades de ejecución hipotecaria para todas aquellas entidades de crédito que hayan sido rescatadas con fondos públicos procedentes del FROB o que se beneficien del aval público sobre sus depósitos, de forma que se priorice la fórmula de dación en pago y otras modalidades de acuerdo con los deudores que garanticen, en todo, el mantenimiento del derecho a la vivienda”, reclaman.

En concreto, piden “construir un sistema de límites temporales y cuantitativos” a la hora de otorgar créditos hipotecarios que sean “homologables a los existentes en otros estados de la UE”, fijando así una cantidad máxima de hipoteca en relación con los ingresos de las familias, así como un plazo máximo de años para su devolución. Esto permitirá, a su juicio, contener y frenar “un futuro sobreendeudamiento hipotecario”.

Tras el debate sobre este tema que mantendrán con la ministra, la Izquierda Plural forzará al resto de grupos a explicitar su opinión sobre la dación en pago el próximo 6 de marzo, cuando se votará en la Cámara baja la moción resultante de esta interpelación.

En la misma línea, el diputado de Coalición Canaria Pedro Quevedo Iturbe ha presentado una proposición no de ley (PNL) recogida por Europa Press en la que insta al Gobierno a promover la modificación de la regulación hipotecaria para que incluya la dación en pago para los casos de residencia habitual, previendo que la ejecución hipotecaria cubra la totalidad de la deuda principal más intereses y costas judiciales.

Además, también emplaza al Ejecutivo a “incrementar la cantidad considerada inembargable en nóminas, retribuciones, pensiones y otros ingresos en el caso de que la vivienda hipotecada sea la residencia habitual y teniendo en cuenta además las cargas familiares de los afectados” y ha aprobar una moratoria o implementar otras medidas para “paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria” hasta que se aprueben las otras medidas solicitadas

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) citados por Quevedo Iturbe, sólo entre 2007 y 2010 se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, cifra que podría elevarse hasta el medio millón si se incluyen los ejercicios 2011 y 2012.

“Cuando (se ejecuta un crédito hipotecario las familias), además de perder la vivienda, se enfrentan a una condena financiera de por vida que suele dirigirlos además a la exclusión social y la economía sumergida”, alerta el diputado, criticando además que la actual normativa permita a las entidades financieras a quedarse con sus viviendas por el 50 por ciento del precio de tasación.

Además, también acusa a las entidades bancarias de haber realizado “publicidad engañosa en la comercialización de la mayoría de las hipotecas” y de incluir en los contratos “todo tipo de cláusulas abusivas, como las del suelo,” que pasaban desapercibidas para los suscriptores de las hipotecas por el “lenguaje de difícil comprensión utilizado”.