Archivos sobre ‘gobierno’

Miércoles, 23 de abril de 2014

5. 5.Propaganda triunfalista. Pep roig.  02 gener 2014

El Gobierno rechaza recuperar préstamos subsidiados de vivienda

Lunes, 21 de abril de 2014

becerrilEl Gobierno ha rechazado la petición de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, de recuperar los préstamos subsidiados de ayuda a la vivienda, al considerar que su supresión está “notablemente compensada” por la caída de los tipos impositivos que se aplican a los créditos hipotecarios.

Así lo explica en una respuesta escrita a la diputada del BNG Rosana Pérez, cuyo texto recoge Europa Press, en la que se hacía eco de la petición que Becerril hizo el pasado mes de septiembre al Ministerio de Fomento para revisar el criterio interpretativo empleado para justificar la supresión de estas ayudas, que incluye denegar cualquier solicitud nueva o en trámite acogida a los planes anteriores.

El Ejecutivo señala que una vez estudiado el contenido de la recomendación plantada por la Defensora “no puede asumirse” y recuerda que todos los cambios aplicados durante esta legislatura en el ámbito de las ayudas a la vivienda “tienen como objetivo redireccionar las políticas de vivienda hacia el equilibrio de los recursos disponibles”.

El Ejecutivo rechaza asimismo la acusación de Becerril y de gran parte de la oposición parlamentaria de que la supresión de los préstamos subsidiados se haya aplicado con carácter retroactivo, ya que no se han visto afectados “derechos ya reconocido con anterioridad” a la entrada en vigor de la medida sino que sólo se ha impedido “reconocer nuevas ayudas”.

En el caso de renovaciones que estaban en tramitación en el momento en que se aprobó la medida, el Ejecutivo explica que se considera una nueva solicitud, ya que “el beneficiario debe acreditar ‘ex novo’ que cumple en ese momento todas las condiciones para obtener la prórroga de la subsidiación del préstamo”. Por ello, “no procede estimar ninguna solicitud de prórroga ni de nueva concesión”.

En cualquier caso, el Gobierno asegura que “los perceptores de ayudas reconocidas con anterioridad al 15 de julio de 2012 no perderán su derecho y el Ministerio de Fomento continuarán abonando (las ayudas) conforme hasta ahora”.

El Ejecutivo apunta que este tipo de ayudas de préstamos subsidiados “nacieron en un contexto hipotecario y de precios de la vivienda que nada tiene que ver con la situación actual” y que su supresión se ha aprobado “valorando la tendencia a la baja” de los precios de la vivienda y de los tipos de interés.

De este modo, “la imposibilidad de nuevos reconocimientos de la ayuda de subsidiación al préstamo convenido está notablemente compensada por las bajadas de las cuotas de dichos préstamos como consecuencia de la bajada de los tipos de interés”.

El Gobierno facilitará el acceso al Fondo Social de Vivienda

Miércoles, 9 de abril de 2014

300113guindos1interiorEl ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado este martes en el Pleno del Senado que la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Fondo Social de Vivienda “hará más fáciles los requisitos para que se pueda apuntar más gente” a este fondo, que, según el ministro, hasta la actualidad ha adjudicado 750 viviendas de las 6.000 con las que se abrió dicho fondo.

En respuesta a la pregunta del senador del grupo socialista Juan Manuel Fernández, De Guindos ha defendido que “este Gobierno ha trabajado desde el primer día para evitar que aquellas personas con dificultades económicas perdieran su vivienda”.

De esta forma, ha recordado que el Ejecutivo puso en marcha un código de buenas prácticas que ha permitido más de 3.800 reestructuraciones viables de deuda y 1.300 daciones en pago.

Además, ha subrayado que el Gobierno aprobó una ley “que ha permitido la suspensión inmediata, con un plazo de dos años, de los desahucios de las familias con un especial riesgo de exclusión”. “Desde la aprobación de esta norma se han suspendido más de 8.000 lanzamientos”, ha asegurado.

Por su parte, Fernández ha criticado que “el Gobierno no tiene una política de vivienda”. Así, ha recogido los datos del Banco de España para recordar que los bancos se han quedado con más de 125.000 viviendas desde que gobierna el actual Ejecutivo, de las que más de 100.00 eran la vivienda habitual.

“Estoy convencido de que el Gobierno ve la vivienda como un negocio o como un problema para los bancos, pero desde luego no como un derecho constitucional”, ha asegurado.

Dos millones de euros por incumplir con la Eficiencia Energética

Miércoles, 22 de enero de 2014

Tal y como afirmó en su momento el presidente del Consejo de la Unión Europea, “el estado miembro que no cumpla con las directrices Europeas deberá atenerse a las posibles consecuencias, tanto jurídicas como  económicas”. Y el que avisa no es traidor, pues la semana pasada, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se confirmaba la sentencia en la obligatoriedad del pago de costas a España por el incumplimiento de las Directrices Europeas en medio ambiente, en concreto por no transponer de forma correcta la Directiva 2002/91/CE del parlamento Europeo en materia de Eficiencia Energética para edificios.

Muchos profesionales del sector y plataformas en eficiencia energética como www.ovacen.com ya intuían la merecida sanción ante las diversas advertencias de Bruselas por la necesidad de transponer la directiva y ante la pasividad y poca inquietud de la Administración española en materia de medio ambiente, pero esta vez va a tener sus consecuencias económicas, sobre todo para el bolsillo del consumidor, ya que tendremos que hacer un desembolso que podría alcanzar los dos millones de Euros, si nos atenemos a casos asimilables que se han producido a lo largo de estos años.

Un ejemplo de aquel desembolso a regañadientes fue por parte de Luxemburgo cuya sanción económica por la transposición incorrecta de una Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales alcanzó los dos millones de Euros. Otro como Irlanda que por no haber ejecutado dos sentencias del Tribunal de Justicia en materia de medio ambiente ascendían a un millón y medio y dos millones de euros por la última sentencia.

Exigen al Gobierno que aclare cuántas ayudas para VPO se perderán

Lunes, 30 de diciembre de 2013

El portavoz del PSOE en el Senado, Marcelino Iglesias, ha anunciado que su grupo parlamentario ha presentado una ofensiva parlamentaria para exigir al Gobierno que aclare cuántas personas van a dejar de recibir ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios para viviendas de protección oficial (VPO) y que detalle la cuantía del recorte que ha ejecutado.

El PSOE quiere conocer el número de beneficiarios de las ayudas con fecha 13 de julio de 2012 desglosado por cada uno de los Planes de Vivienda, la cuantía abonada, el número de solicitudes en tramitación para la obtención de estas ayudas denegadas, las propuestas de renovación de estos préstamos rechazadas y la cantidad que ha recortado el Ejecutivo.

Asimismo, el Grupo Socialista ha avanzado que pedirá información al Gobierno sobre los préstamos hipotecarios en todas las comunidades autónomas y provincias de la geografía española, a excepción de Navarra y País Vasco.

Por otro lado, el PSOE ha recordado el recurso de inconstitucionalidad que presentó ante el Tribunal Constitucional por la redacción de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas.

En este sentido, apunta que el Gobierno ha pasado “de lo ilegal a lo inconstitucional” y explica que el Ejecutivo del PP elaboró, en primer lugar, un Real Decreto que establecía la supresión de las ayudas de préstamos hipotecarios y, a continuación, introdujo una enmienda en la Ley de Fomento del Alquiler que establecía la imposibilidad de renovar las ayudas ya concedidas de subsidiación de préstamos para compra de VPO con carácter retroactivo.

Por último, desde el propio partido advierten de que, con esta maniobra “claramente inconstitucional”, el Gobierno va a suprimir en cinco años las ayudas a las VPO y ha añadido que se van a ver afectadas más de 200.000 personas.

La OCDE sugiere abaratar el despido para acercarse a la media europea

Miércoles, 18 de diciembre de 2013

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que las reformas laborales implantadas en España van en la dirección correcta, aunque  señala que es necesario adoptar más medidas para reducir la tasa de paro, incluyendo una reducción gradual de las indemnizaciones por despido en las grandes empresas y mejorar la efectividad de las políticas para promover la reincorporación de los demandantes de empleo al mercado laboral.

“Es necesario que se adopten medidas adicionales para reducir la tasa de paro que, el pasado mes de octubre, se situaba en el 26,7%”, señala la organización en su informe sobre la reforma laboral en España.

En este sentido, la OCDE señala que España aún es uno de los países de la organización con las indemnizaciones obligatorias por extinción de contrato más generosas, por lo que sugiere “reducir con el tiempo los costes de las indemnizaciones por despido para las grandes empresas, y acercarse así a la media de la OCDE y de Europa”.

Otras medidas que el Gobierno podría adoptar, según la OCDE, incluyen la reducción adicional de la incertidumbre judicial en relación con los despidos colectivos, por ejemplo, tratando los despidos colectivos no ajustados a derecho de la misma manera que los despidos individuales improcedentes, “lo cual es una práctica habitual en la mayoría de países de la OCDE”.

Asimismo, la organización considera que existe mucho margen para mejorar la efectividad de las políticas dirigidas a promover la reincorporación de los demandantes de empleo al mercado laboral, incluido el refuerzo de la coordinación entre el gobierno central y las comunidades autónomas.

“Nuestras medidas han servido a más de 4.000 hipotecados”

Miércoles, 27 de noviembre de 2013

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que las medidas puestas en marcha por su departamento en relación con las hipotecas y los desahucios han permitido “solucionar los problemas” a más de 4.000 familias españolas, que se han beneficiado de unas 600 daciones en pago y de casi 1.700 reestructuraciones de deuda.

Así lo ha explicado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde la diputada socialista Leire Iglesias le ha preguntado por las cláusulas suelo y le ha requerido que garantice su anulación y la devolución del dinero a los afectados por abusos.

En su respuesta, el ministro ha asegurado que el Gobierno ha actuado con “diligencia, transparencia y protección a los clientes del sector financiero, especialmente a los deudores hipotecarios, como hace siempre”, y ha mencionado algunos de los cambios que se incluyeron en la Ley Antidesahucios, como la exigencia de aceptación manuscrita de los contratos hipotecarios por parte del deudor, la limitación de los intereses de demora y de los plazos necesarios para poder reclamar una deuda o la introducción de una mayor “prudencia financiera” para evitar “sobreendeudamientos irresponsables”.

Además, gracias al Código de Buenas Prácticas introducido en la primera mitad del año pasado se han podido “solucionar los problemas de 4.000 familias”, de las que unas 600 se han beneficiado de daciones en pago y casi 1.700 han podido reestructurar su deuda. Asimismo, el Fondo Social de Vivienda ha permitido que más de 600 familias hayan ya accedido a un piso y se han suspendido más de 1.500 lanzamientos, según los datos del ministro.

Sin embargo, Leire Iglesias ha lamentado que, pese a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) declarando nulas las cláusulas suelo que se incluyeron en los contratos hipotecarios sin la suficiente información al ciudadano, muchas personas no se están pudiendo aprovechar de sus consecuencias.

“Muchas familias ven cómo la bajada del Euríbor no supone un alivio económico para hacer frente a sus préstamos. ¿A qué espera el Gobierno para actuar? ¿Seguirá usted comportándose como un banquero, como el presidente de una entidad financiera o como un ministro del Gobierno?”, ha preguntado a De Guindos.

En su réplica, el titular de Economía le ha espetado que tanto las cláusulas suelo como las participaciones preferentes se aplicaron y comercializaron durante el último mandato socialista, y ha insistido en que el Gobierno “popular” ha “protegido a los ahorradores y deudores hipotecarios”.

Además, ha recordado que tras la sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo el Gobierno “inmediatamente instó al Banco de España” a aumentar el control sobre las entidades afectadas para garantizar el cumplimiento “escrupuloso” del fallo judicial y a “extremar la atención sobre la comercialización de préstamos con estas cláusulas” en el resto del sistema bancario.

De Guindos también ha señalado que el organismo supervisor ha incluido “como una prioridad” dentro de su Plan de Supervisión de 2014 “previsiones específicas” sobre este tema, y ha avanzado que en breve comparecerá a petición propia ante la Comisión de Economía del Congreso “otra vez” para abundar en este asunto y en cualquier otro que afecte a su departamento.

El Gobierno ve prudencia en la limitación al crédito

Lunes, 25 de noviembre de 2013

El Gobierno cree que el “celo” que están mostrando las entidades financieras a la hora de conceder crédito a las pequeñas y medianas empresas está justificado, recordando que su función es “la concesión de financiación a la demanda solvente” para no poner en riesgo su propia estabilidad.

Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien en una pregunta parlamentaria criticaba que los bancos se “preocupen más de la posible morosidad de los beneficiarios que de la concesión de créditos” e instaba al Ejecutivo a tomar medidas para que la liquidez llegue a pymes y microempresas, proponiendo por ejemplo un fondo estatal de microcréditos gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con la ayuda de las entidades nacionalizadas.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que las entidades financieras deben conceder crédito a proyectos solventes, más si cabe en el caso de los bancos nacionalizados, que tienen que ajustar sus decisiones a los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea (CE).

“Un celo insuficiente respecto de la solvencia de sus clientes podría aumentar las ratios individuales de morosidad,
comprometiendo de nuevo su grado de capitalización y, en última instancia, su valor de mercado y los recursos que pueda recuperar el contribuyente ante una eventual venta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)”, añade el Gobierno.

El Gobierno también defiende las altas garantías patrimoniales que exigen los bancos para acceder a las líneas ICO, recordando que el instituto está sujeto a una normativa de equilibrio financiero y que “cualquier quebranto” que se produjera en sus cuentas por sufrir un “elevado número de préstamos impagados debería ser compensado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”, lo que implicaría “distribuir el coste de una mala gestión financiera entre todos los contribuyentes”.

“Cabe destacar que se han modificado los términos de colaboración entre las entidades de crédito y el ICO para aumentar los incentivos de las primeras a intermediar y consumir las líneas de mediación”, añade la respuesta parlamentaria.

Asimismo, no ve “oportuno” crear un fondo como el que propone Llamazares dado que “no existe ningún importe mínimo para las operaciones” que pueden financiar las líneas de mediación del instituto, por lo que “los microcréditos a autónomos y emprendedores pueden ser actualmente tramitados”.

En otra respuesta parlamentaria, dirigida en este caso al diputado de CHA, Chesús Yuste, el Gobierno argumenta por qué no se potencia la actividad del ICO obteniendo dinero barato del Banco Central Europeo (BCE) para prestarlo a las administraciones públicas y a las empresas con el objetivo de conseguir que fluya el crédito.

En el texto, que recoge Europa Press, el Gobierno recuerda que la gestión del ICO debe ser “sólida” e “integral” en todo lo que se refiere a los riesgos que asume, lo que es particularmente importante en relación con las refinanciaciones de créditos, con las que se debe “asegurar en todo momento un adecuado equilibrio entre los plazos de la actividad de préstamo y los de la financiación”.

Sin embargo, los préstamos del BCE son a corto plazo, de unos tres meses como máximo, por lo que la financiación sistemática de las operaciones del ICO (de medio y largo plazo) por esta vía provocaría “un notable riesgo” para su balance, lo que podría incluso “afectar a la capacidad del instituto para poder seguir ofreciendo de forma recurrente financiación al tejido productivo en condiciones preferentes”.

No obstante, el Gobierno recuerda que en diciembre de 2011 y febrero de 2012 el ICO accedió “de forma puntual” a una operación excepcional de crédito del BCE con plazos de tres años, atendiendo tanto al coste de la financiación como a que “no implicaba riesgo de refinanciación ya que un plazo de tres años casa adecuadamente con el vencimiento medio de las operaciones de préstamo” del instituto.

Nueva Ley de Seguridad Ciudadana

Miércoles, 20 de noviembre de 2013

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que endurecerá la respuesta a fenómenos como los escraches, las protestas no autorizadas y concentraciones frente a instituciones del Estado ha sido criticada por muchos. Este martes el secretario de Estado de Seguridad se ha mostrado sorprendido por las críticas, ya que según él todavía no se ha llevado al Consejo de Ministros.

Lunes, 18 de noviembre de 2013