Archivos sobre ‘Ley de Costas’

Lunes, 23 de junio de 2014

chiringuitoespia

Los problemas de las viviendas residenciales, a debate

Lunes, 27 de enero de 2014

Administradores de fincas de España se citarán en Málaga el próximo mes de febrero para abordar cuestiones relacionadas con el ejercicio de su profesión en zonas costeras y residenciales.

Unas jornadas de trabajo en las que se analizarán los problemas jurídicos de los inmuebles destinados principalmente a segunda residencia; así como la nueva Ley de Costas, la alta estacionalidad de residencia y trabajo, la diversidad cultural o las peculiaridades de las edificaciones según la zona geográfica en la que estén construidas.
Este será el primer evento de este tipo que se celebra en España, al que se prevé la asistencia del presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, o el profesor y administrador de fincas, José Gutiérrez.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Málaga, Fernando Pastor, ha asegurado que este encuentro quiere convertirse en un “foro donde poner en común todas las demandas, problemas y también buscar soluciones”.

Las jornadas, que tendrán lugar el 14 y 15 de febrero, según han indicado a Europa Press desde el colegio malagueño, tienen carácter anual y se irán celebrando en diversos puntos de España para, de ese modo, “acercar el debate al mayor número posible de administradores de fincas”.

Durante dos días se abordarán cuestiones como la problemática de las Entidades Urbanísticas de Conservación o las novedades legislativas existentes en materia de piscina, asuntos que serán expuestos por Francisco González Palma, abogado y asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, y la secretaria general de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Junta de Andalucía, Josefa Ruiz.

También se llevará a cabo un panel sobre mediación, el ámbito laboral y la gestión de catástrofes naturales, en el que participarán Mercedes Rodríguez, de la Escuela Andaluza de Mediación; el secretario general de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, Federico Medina, y el experto en gestión de catástrofes, Iván Gea.

Igualmente, se abordará la importancia de las redes sociales en la labor de estos profesionales, algo sobre lo que disertarán la doctora en Comunicación Audiovisual Sonia Blanco y el responsable del CAF de Madrid, Juan José Bueno.

Las novedades en la Ley de Costas y cómo afecta a los administradores de fincas serán analizadas por el magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Fernández, mientras que Benjamín del Alcázar, doctor en Administración y Dirección de Empresas y profesor de Máster Inmobiliario, informará sobre el ‘branding’ personal para el administrador de fincas, considerada ya una importante herramienta de marketing para conseguir y fidelizar clientes rentables.

Finalmente, el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, Salvador Díez Lloris, y el presidente del CAF de Huelva, David Toscano, abordarán la colegiación obligatoria, otro de los asuntos que más polémica genera entre los administradores de fincas.

El PSOE recurrirá al Constitucional la Ley de Costas

Lunes, 26 de agosto de 2013

El PSOE presentará esta semana su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas aprobada el pasado mes de mayo, porque considera que es una privatización del dominio público marítimo terrestre, que está protegido por la Constitución.

El PSOE rechaza que se amplíen 75 años más las concesiones a los propietarios de viviendas situadas en la playa desde antes de 1988 (que se suman a los 30 que en su día les había reconocido transitoriamente la Ley de 1988). Además, considera totalmente arbitraria la lista de 12 municipios “agraciados” que quedan excluidos por ley de la zona de dominio público marítimo terrestre. Se trata del poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).

“Es una ley que perjudica a todos, que tenemos derecho a disfrutar de nuestro litoral, y que beneficia a muy pocos, de nuevo los intereses económicos de muy pocos, algunos muy conocidos”, ha denunciado la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, en una entrevista a Europa Press.

Dos semanas después de llevar al Tribunal Constitucional la Ley Antodesahucios, los socialistas volverán al alto tribunal y con este texto acumulan ya más de una docena de recursos contra leyes nacionales y autonómicas en esta legislatura.

La Constitución protege el litoral en su artículo 132, que considera bienes de dominio público estatal “los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”.

La nueva Ley de Costas salva muchas viviendas de ser demolidas

Miércoles, 15 de mayo de 2013

Según ha indicado la Asociación Española de Abogados Urbanistas, la nueva Ley de Costas salvará muchas viviendas de su demolición.

Así lo ha explicado su secretaria general, María de los Reyes Rueda Serrano, quien ha afirmado que existía gran incertidumbre y preocupación de muchos propietarios de viviendas que estaban ubicadas en el litoral con anterioridad a la Ley de 1988 y que temían fueran demolidas sus viviendas en pocos años conforme a la anterior Ley.

Maria de los Reyes Rueda recuerda que La Ley de Costas del 1988 supuso la expropiación de bienes de muchas personas que hasta la entrada en vigor de esta Ley eran privados. Se previó la compensación de esta pérdida mediante concesiones de 30 años. Y ahora con la nueva normativa se amplia la concesión a 75 años mas para los titulares inscritos en el Registro de la Propiedad, permitiendo además su transmisión.

Añade, según el Gobierno habrá unas 25.000 viviendas a las que se les podra aplicar la nueva concesión. Esto da tranquilidad a muchas familias afectadas que habían mostrado su preocupación y muchas de estas se habían puesto en contacto con la Asociación.

La situación de incertidumbre y preocupación no solo procedía de ciudadanos y familias españolas, sino que España había recibido quejas ante el Parlamento Europeo porque un elevado número de propietarios de esas viviendas eran extranjeros, jubilados ingleses, alemanes, del norte de Europa. Y la Ley de 1988 creaba una gran inseguridad jurídica dando una mala imagen de nuestro País, como poco serio y contrario a lo que se busca que es recibir a su vez turismo extranjero.

Con esta nueva Ley , ha proseguido, se conjuga por un lado los derechos de las personas que tienen inmuebles, construcciones que en su día fueron adquiridas legalmente antes de 1988 y por otro el respeto que se debe tener al litoral costero y por tanto al Medioambiente.

Se incrementan a su vez los mecanismos de prevención, prohibiendo que las obras de mejora de estos inmuebles, impliquen aumento de tamaño, superficie y altura.

La Ley, sin embargo no da amnistía a aquellas viviendas manifiestamente ilegales que asi sean declaradas por Sentencia firme, las cuales deberán ser demolidas. Respecto a estas, la Administración General del Estado cumplirá con su obligación procediendo a su ejecución apoyando a las Comunidades y Ayuntamientos a encontrar una solución.

Es importante destacar de la nueva Ley, según indica la Secretaria de la Asociación, que dota de mecanismos importantes, como es el poder suspender en vía administrativa las licencias que concedan los Ayuntamientos que no respeten las distancias legales permitidas, pudiendo actuar antes de que se construya, para evitar situaciones como la sucedida con el hotel Algarrobico en Almería.

Se mantiene la anchura de protección de la servidumbre de los 100 metros. Aunque hay excepciones que se recogen en la Ley.

Se trata de determinadas zonas del litoral donde se reduce de 100 a 20 metros esa protección, de aquellos núcleos aislados que en 1988 no habían tramitado su calificación de suelo urbano y sin embargo existían como tales. Es decir aquellas zonas que estuvieran ya transformadas al 100%, que tuvieran acceso rodado, instalación eléctrica, toma de agua, servio de alcantarillado, etc…que se equiparan a urbano, a los cuales se les aplica la distancia de 20 metros de servidumbre, en lugar de los 100 de los suelos rústicos. Pero con la importante novedad de que se prohibirán expresamente nuevas edificaciones en estas zonas.

Respectos a los chiringuitos que también suscitaba gran preocupación para muchos empresarios y autónomos, ahora se les otorga mayor seguridad, puesto que se les aumenta de 1 a 4 años los plazos de concesión, se les exigirá más ordenación y deberán responsabilizarse en el cuidado de las playas.

Alertan de la privatización del litoral si se modifica la Ley

Miércoles, 22 de febrero de 2012

En un escrito dirigido a los senadores, el pasado viernes 20 de febrero, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han recordado a los representantes de la Cámara Alta que la Ley 22/1988, de Costas, está ratificada por la Constitución española ya que garantiza el uso público y gratuito de nuestro litoral.

Para las organizaciones ecologistas, iniciar una reforma de la Ley de Costas, sin haberse terminado el deslinde  –la delimitación cartográfica- del dominio público marítimo-terrestre, provocaría una gran inseguridad jurídica.  Además supondría un enorme coste al erario público ya que se tendría que hacer frente a las indemnizaciones hacia aquellos que sí acataron la Ley.

Según estas asociaciones, la moción del Partido Popular persigue garantizar una supuesta seguridad jurídica hacia un reducido sector de la sociedad que sólo representa un 1,1% de la población. Una moción que ignora que el 90% de los pleitos sobre la aplicación arbitraria, retroactiva e injusta de la norma los gana el Estado. Es decir, durante los 24 años que la Ley ha estado vigente en nuestro país, los culpables de los “males” que ahora se achacan a la Ley son únicamente los gestores de urbanismo de los municipios costeros, las CCAA y las demarcaciones de Costas que sí que permitieron en sus planes generales construir en terreno público ignorando la Ley.

De los puntos de la moción que más preocupan a las organizaciones es que  se cite expresamente “la inquietud e inseguridad” de los representantes del sector hostelero como unas víctimas de la defensa de la costa y que los “ciudadanos no españoles están dejando de invertir en el mercado residencial español”. Aquí subyacen los verdaderos motivos de la reforma: un escenario de continuidad que dará por bueno el beneficio privado y la búsqueda de soluciones a medida, dejando en segundo plano el servicio del litoral al servicio de todos y de un interés general.

Según estas asociaciones, la reforma real que sí que necesita la Ley de Costas, es avanzar en la publicación de una Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que aune usos e integre políticas, con un pilar fundamental, el de la defensa de la garantía pública del territorio costero y que de esta forma se garantice un control presupuestario y el interés general de la Nación.

Los chiringuitos ganan la batalla

Jueves, 2 de julio de 2009

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha asegurado que su Departamento no ha pretendido “nunca” eliminar los chiringuitos de playa, sino “compatibilizar la actividad económica de estos establecimientos con el respeto al medio ambiente”. 

De las aclaraciones de Espinosa se desprende que el Gobierno considera a los chiringuitos como “excepción justificada por el interés colectivo y estrictamente limitada en el tiempo y el espacio”, siempre y cuando cumplan con la normativa, y ahí es donde se ha servido la polémica. “Nunca hemos tenido el propósito de eliminar nada y estamos estudiando todo tipo de fórmulas para que se pueda cumplir la Ley de Costas y que permanezcan los chiringuitos”.

El Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino, al que pertenece la Dirección General de Costas, insiste en que el propósito de la revisión de la situación legal de los merenderos de playa es la de facilitar su continuidad, darles garantía jurídica y ordenar un sector que en comunidades autónomas como Andalucía tiene relevancia económica (según la Junta de Andalucía, genera 40.000 puestos de trabajo y factura unos 500 millones de euros anualmente).

En su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso y en respuesta a los reproches de prácticamente todos los grupos parlamentarios, Espinosa ha subrayado que su labor es detener o, al menos, “controlar” el deterioro físico del litoral español provocado por la presión urbanística, la erosión de la costa y los efectos del cambio climático.

Objetivo: salvar la costa

Según ha advertido Espinosa, “muchos usos de nuestro litoral son fundamentales para la economía, pero no podemos seguir con una degradación de nuestra costa, negativa desde el punto de visto social y económico. Es fundamental protegerla porque será muy difícil recuperar su equilibrio natural si no aplicamos el criterio preventivo”.

En ese proceso, el Ministerio estudia el estado del litoral, “provincia a provincia, municipio a municipio y caso a caso, si hace falta”, para buscar la mejor solución jurídica para el medio ambiente y para los afectados, como los dueños de chiringuitos o fincas particulares que ocupan el dominio público marítimo-terrestre, ha insistido.

La dirección general de costas cambia de discurso

La normativa de costas del Ministerio establece, entre otros requisitos, que la distancia mínima entre los restaurantes de playa sea de 200 metros, que cada negocio no ocupe más de 150 metros cuadrados y que todos estén fuera de la arena, «para no ocupar el dominio público maritmo terrestre y no molestar a los bañistas». Esto ha despertado una gran polémica en torno al retranqueo de chiringuitos fuera de la arena, aunque finalmente el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Fragueiro ha asegurado que sólo se podrán trasladar cuando haya espacio para retranquearlo y previo acuerdo con los dueños. “Según las características de cada tramo estudiado, el grado de consolidación de las fachadas y la orografía de la costa podemos decir que los chiringuitos podrán mantenerse en la arena”, ha afirmado. Ahora, sólo en aquellos puntos en que sea posible físicamente trasladar los negocios tierra adentro se planteará esta opción, y únicamente con el acuerdo de los empresarios, subrayó el representante de Costas. «De lo que se trata es de hacer compatible el servicio que prestan estos establecimientos y que el ciudadano pueda usar un espacio público», agregó.

Satisfacción en el sector

Por su parte, Norberto del Catillo, presidente de la Federación de Empresarios de Playas, ha expresado que el sector debe felicitarse, ya que «parece que la situación se está encauzando de una vez por todas. Esperamos que esto sea un antes y un después para los chiringuitos». El responsable de la patronal reclamó al Gobierno que este proceso se desarrolle «sin prisa pero sin pausa, para que todas estas inquietudes y tensiones del sector se resuelvan y tengamos claro hacia dónde vamos».

 

A juicio del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, “la Secretaría General del Mar y la Dirección General de Costas han hecho un espléndido trabajo de radiografía del litoral andaluz, con el fin de saber de qué estamos hablando. En la comisión de seguimiento, con esa documentación se podrá hacer un estudio pormenorizado de las diferentes problemáticas».

A por el “deslinde total”

En su comparecencia, la ministra ha anunciado que para garantizar la protección del litoral, el Ministerio sigue realizando el “deslinde” de los 10.100 kilómetros que hay de dominio público marítimo-terrestre, formado por playas, humedales y acantilados verticales. Hasta el momento, se han deslindado 8.850 kilómetros, el 87 por ciento de la costa, aunque para el final de esta legislatura “lograremos el deslinde total”, ha anunciado la ministra.

Además, desde la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, cada año se realizan unas 4.000 intervenciones entre procedimientos sancionadores, informes de planeamiento urbanístico, autorizaciones y concesiones demaniales. Junto a estas actuaciones, el Gobierno mantiene el programa de adquisición de fincas en terrenos colindantes del dominio marítimo-terrestre por su alto valor ecológico. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha adquirido ocho fincas por valor superior a los 24 millones de euros, ha avanzado.
En su intervención, Espinosa ha recordado que el Ministerio vigila la sostenibilidad de la costa con actuaciones para evitar que continúe la regresión del litoral causada por el cambio climático, y para proteger y recuperar los litorales más degradados.

Otras acciones están encaminadas a permitir el acceso y uso público de la costa (a través de senderos naturales e itinerarios), así como a mejorar el conocimiento de la costa y los ecosistemas litorales.

Por último, la ministra ha recordado que el Gobierno está trabajando en una norma con rango de Ley sobre Protección del Medio Marino cuya elaboración contará con las aportaciones de los partidos políticos, las autonomías y ONG.

La “mala prensa de España”: así nos ven en Gran Bretaña

Miércoles, 29 de abril de 2009

La inversión británica en el mercado inmobiliario español dista mucho de ser lo que era y los expertos ya no recomiendan comprar una casa en nuestra costa. Una prueba de ello podemos encontrarla en la sección de consulta del mercado inmobiliario del periódico The Independent, la cual no deja en muy buen lugar a España.

Contestando a una cuestión sobre la compra de una vivienda en la Costa Blanca, el experto del medio de comunicación inglés recomienda no embarcarse en la compra de una casa en nuestro país. «Tristemente, comprar a una casa en España representa un camino hacia la miseria: con derechos de propiedad opacos, edificios de baja calidad y mal hechos y complejidades legales impresionantes», sostiene.

La Ley de Costas, un handicap

El diario sigue así: «uno de los ejemplos más notorios es la Ley de Costas, que supone de facto la nacionalización de la línea de la costa española. Una casa podría serle expropiada a usted sin ninguna compensación. Varios miles de británicos ya han sido cogidos de improviso».

Con todo, se asegura que pueden darse oportunidades de rebajas de precios de viviendas ante la necesidad de algunos propietarios de vender su casa y se advierte de que los bancos han dejado de conceder las «ventajosas» hipotecas del pasado.

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ABC