Archivos sobre ‘litoral’

El PSOE recurrirá al Constitucional la Ley de Costas

Lunes, 26 de agosto de 2013

El PSOE presentará esta semana su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas aprobada el pasado mes de mayo, porque considera que es una privatización del dominio público marítimo terrestre, que está protegido por la Constitución.

El PSOE rechaza que se amplíen 75 años más las concesiones a los propietarios de viviendas situadas en la playa desde antes de 1988 (que se suman a los 30 que en su día les había reconocido transitoriamente la Ley de 1988). Además, considera totalmente arbitraria la lista de 12 municipios “agraciados” que quedan excluidos por ley de la zona de dominio público marítimo terrestre. Se trata del poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).

“Es una ley que perjudica a todos, que tenemos derecho a disfrutar de nuestro litoral, y que beneficia a muy pocos, de nuevo los intereses económicos de muy pocos, algunos muy conocidos”, ha denunciado la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, en una entrevista a Europa Press.

Dos semanas después de llevar al Tribunal Constitucional la Ley Antodesahucios, los socialistas volverán al alto tribunal y con este texto acumulan ya más de una docena de recursos contra leyes nacionales y autonómicas en esta legislatura.

La Constitución protege el litoral en su artículo 132, que considera bienes de dominio público estatal “los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”.

Alertan de la privatización del litoral si se modifica la Ley

Miércoles, 22 de febrero de 2012

En un escrito dirigido a los senadores, el pasado viernes 20 de febrero, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han recordado a los representantes de la Cámara Alta que la Ley 22/1988, de Costas, está ratificada por la Constitución española ya que garantiza el uso público y gratuito de nuestro litoral.

Para las organizaciones ecologistas, iniciar una reforma de la Ley de Costas, sin haberse terminado el deslinde  –la delimitación cartográfica- del dominio público marítimo-terrestre, provocaría una gran inseguridad jurídica.  Además supondría un enorme coste al erario público ya que se tendría que hacer frente a las indemnizaciones hacia aquellos que sí acataron la Ley.

Según estas asociaciones, la moción del Partido Popular persigue garantizar una supuesta seguridad jurídica hacia un reducido sector de la sociedad que sólo representa un 1,1% de la población. Una moción que ignora que el 90% de los pleitos sobre la aplicación arbitraria, retroactiva e injusta de la norma los gana el Estado. Es decir, durante los 24 años que la Ley ha estado vigente en nuestro país, los culpables de los “males” que ahora se achacan a la Ley son únicamente los gestores de urbanismo de los municipios costeros, las CCAA y las demarcaciones de Costas que sí que permitieron en sus planes generales construir en terreno público ignorando la Ley.

De los puntos de la moción que más preocupan a las organizaciones es que  se cite expresamente “la inquietud e inseguridad” de los representantes del sector hostelero como unas víctimas de la defensa de la costa y que los “ciudadanos no españoles están dejando de invertir en el mercado residencial español”. Aquí subyacen los verdaderos motivos de la reforma: un escenario de continuidad que dará por bueno el beneficio privado y la búsqueda de soluciones a medida, dejando en segundo plano el servicio del litoral al servicio de todos y de un interés general.

Según estas asociaciones, la reforma real que sí que necesita la Ley de Costas, es avanzar en la publicación de una Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que aune usos e integre políticas, con un pilar fundamental, el de la defensa de la garantía pública del territorio costero y que de esta forma se garantice un control presupuestario y el interés general de la Nación.

Los chiringuitos ganan la batalla

Jueves, 2 de julio de 2009

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha asegurado que su Departamento no ha pretendido “nunca” eliminar los chiringuitos de playa, sino “compatibilizar la actividad económica de estos establecimientos con el respeto al medio ambiente”. 

De las aclaraciones de Espinosa se desprende que el Gobierno considera a los chiringuitos como “excepción justificada por el interés colectivo y estrictamente limitada en el tiempo y el espacio”, siempre y cuando cumplan con la normativa, y ahí es donde se ha servido la polémica. “Nunca hemos tenido el propósito de eliminar nada y estamos estudiando todo tipo de fórmulas para que se pueda cumplir la Ley de Costas y que permanezcan los chiringuitos”.

El Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino, al que pertenece la Dirección General de Costas, insiste en que el propósito de la revisión de la situación legal de los merenderos de playa es la de facilitar su continuidad, darles garantía jurídica y ordenar un sector que en comunidades autónomas como Andalucía tiene relevancia económica (según la Junta de Andalucía, genera 40.000 puestos de trabajo y factura unos 500 millones de euros anualmente).

En su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso y en respuesta a los reproches de prácticamente todos los grupos parlamentarios, Espinosa ha subrayado que su labor es detener o, al menos, “controlar” el deterioro físico del litoral español provocado por la presión urbanística, la erosión de la costa y los efectos del cambio climático.

Objetivo: salvar la costa

Según ha advertido Espinosa, “muchos usos de nuestro litoral son fundamentales para la economía, pero no podemos seguir con una degradación de nuestra costa, negativa desde el punto de visto social y económico. Es fundamental protegerla porque será muy difícil recuperar su equilibrio natural si no aplicamos el criterio preventivo”.

En ese proceso, el Ministerio estudia el estado del litoral, “provincia a provincia, municipio a municipio y caso a caso, si hace falta”, para buscar la mejor solución jurídica para el medio ambiente y para los afectados, como los dueños de chiringuitos o fincas particulares que ocupan el dominio público marítimo-terrestre, ha insistido.

La dirección general de costas cambia de discurso

La normativa de costas del Ministerio establece, entre otros requisitos, que la distancia mínima entre los restaurantes de playa sea de 200 metros, que cada negocio no ocupe más de 150 metros cuadrados y que todos estén fuera de la arena, «para no ocupar el dominio público maritmo terrestre y no molestar a los bañistas». Esto ha despertado una gran polémica en torno al retranqueo de chiringuitos fuera de la arena, aunque finalmente el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Fragueiro ha asegurado que sólo se podrán trasladar cuando haya espacio para retranquearlo y previo acuerdo con los dueños. “Según las características de cada tramo estudiado, el grado de consolidación de las fachadas y la orografía de la costa podemos decir que los chiringuitos podrán mantenerse en la arena”, ha afirmado. Ahora, sólo en aquellos puntos en que sea posible físicamente trasladar los negocios tierra adentro se planteará esta opción, y únicamente con el acuerdo de los empresarios, subrayó el representante de Costas. «De lo que se trata es de hacer compatible el servicio que prestan estos establecimientos y que el ciudadano pueda usar un espacio público», agregó.

Satisfacción en el sector

Por su parte, Norberto del Catillo, presidente de la Federación de Empresarios de Playas, ha expresado que el sector debe felicitarse, ya que «parece que la situación se está encauzando de una vez por todas. Esperamos que esto sea un antes y un después para los chiringuitos». El responsable de la patronal reclamó al Gobierno que este proceso se desarrolle «sin prisa pero sin pausa, para que todas estas inquietudes y tensiones del sector se resuelvan y tengamos claro hacia dónde vamos».

 

A juicio del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, “la Secretaría General del Mar y la Dirección General de Costas han hecho un espléndido trabajo de radiografía del litoral andaluz, con el fin de saber de qué estamos hablando. En la comisión de seguimiento, con esa documentación se podrá hacer un estudio pormenorizado de las diferentes problemáticas».

A por el “deslinde total”

En su comparecencia, la ministra ha anunciado que para garantizar la protección del litoral, el Ministerio sigue realizando el “deslinde” de los 10.100 kilómetros que hay de dominio público marítimo-terrestre, formado por playas, humedales y acantilados verticales. Hasta el momento, se han deslindado 8.850 kilómetros, el 87 por ciento de la costa, aunque para el final de esta legislatura “lograremos el deslinde total”, ha anunciado la ministra.

Además, desde la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, cada año se realizan unas 4.000 intervenciones entre procedimientos sancionadores, informes de planeamiento urbanístico, autorizaciones y concesiones demaniales. Junto a estas actuaciones, el Gobierno mantiene el programa de adquisición de fincas en terrenos colindantes del dominio marítimo-terrestre por su alto valor ecológico. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha adquirido ocho fincas por valor superior a los 24 millones de euros, ha avanzado.
En su intervención, Espinosa ha recordado que el Ministerio vigila la sostenibilidad de la costa con actuaciones para evitar que continúe la regresión del litoral causada por el cambio climático, y para proteger y recuperar los litorales más degradados.

Otras acciones están encaminadas a permitir el acceso y uso público de la costa (a través de senderos naturales e itinerarios), así como a mejorar el conocimiento de la costa y los ecosistemas litorales.

Por último, la ministra ha recordado que el Gobierno está trabajando en una norma con rango de Ley sobre Protección del Medio Marino cuya elaboración contará con las aportaciones de los partidos políticos, las autonomías y ONG.