El Código de Buenas Prácticas posibilitó la dación en pago a 298 familias

Un total de 4.385 deudores hipotecarios han solicitado acogerse al Código de Buenas Prácticas (CBP) durante el primer año de funcionamiento, según datos publicados por el Ministerio de Economía. El CBP  se creó para proteger a aquellos que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca como consecuencia de la crisis. Las peticiones se han presentado ante 27 bancos y 19 cooperativas de crédito y la deuda pendiente alcanza los 582.783 euros.

De las 4.385 solicitudes, 1.063 se encontraban pendientes de tramitación al finalizar el primer trimestre de 2013 (el 24% del total). De las 3.322 ya tramitadas, en 594 casos se procedió a la reestructuración de la deuda, otros 298 acabaron en dación en pago, 238 desistieron, 2 con quita y 2.190 fueron denegados por no cumplir los requisitos.

El CBP se puso en marcha en abril de 2012 y cuenta en la actualidad con 97 entidades adheridas, la práctica totalidad de las que tienen actividad hipotecaria en España. Su objetivo es proteger a los deudores que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca como consecuencia de la crisis. El CBP permite al deudor reestructurar la deuda, fijar una quita y, en última instancia, la dación en pago. La adhesión al CBP es voluntaria por parte de las entidades financieras, pero una vez efectuada, el cumplimiento es obligatorio durante un plazo de dos años.

Durante este primer año de funcionamiento las solicitudes de adhesión al CBP han ido aumentado a un fuerte ritmo. En el segundo trimestre de 2012 se recibieron 564 solicitudes, 722 en el tercero, 1.132 en el cuarto y 1.967 en el primero de 2013 (más del 44,8% del total).  Del total acumulado en este primer año, la mayor parte de las solicitudes se han efectuado en Andalucía (1.156), Cataluña (1.028), Comunidad Valenciana (755), Madrid (364) y Murcia (315). Estas cinco comunidades concentran el 82,51% del total de solicitudes. Por provincias, la que más concentra es Barcelona (809) y la que menos, Huesca (1).

Teniendo en cuenta que en 2012 se produjeron 2.405 entregas judiciales de vivienda ocupada, según los datos publicados el pasado 10 de mayo por el Banco de España, el Ministerio de Economía considera que ”el CBP, con 1.134 solicitudes aceptadas, es un instrumento útil para los deudores hipotecarios que están en el umbral de exclusión y tienen dificultades para hacer frente al pago de su deuda”.

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