Andalucía tramita una ley contra los abusos en la contratación de hipotecas

La norma impondrá nuevos deberes a las entidades prestamistas y creará derechos en materia de información y transparencia para las personas prestatarias. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya ha autorizado la tramitación del anteproyecto de ‘Ley de protección de los derechos de consumidores y usuarios en la contratación hipotecaria de vivienda’, que tiene como principales objetivos acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha subrayado que esta nueva norma supone pasar “de la resistencia a la ofensiva para garantizar los derechos de los ciudadanos”.

La norma incrementará la transparencia de las comunicaciones comerciales y la publicidad; reforzará la protección de los prestatarios y de los avalistas, y promoverá fórmulas voluntarias de mediación extrajudicial de conflictos y de utilización de un  “contrato hipotecario de confianza” con la garantía de la Junta y de las asociaciones de consumidores. En el primero de estos ámbitos, se amplía la información previa al contrato y la personalizada. Para hacer efectiva esta medida, la norma andaluza creará dos nuevos documentos adicionales a los exigidos por la normativa estatal: el de Información Precontractual Complementaria y el de Información Personalizada Complementaria, que, entre otros contenidos, recogerá una tabla de oscilaciones de los tipos de interés. Los datos de relevancia precontractual deberán estar disponibles para el consumidor en la web o en las oficinas de la entidad financiera, sin que sea preciso solicitarlos.

Respecto a la publicidad y comunicaciones comerciales, el anteproyecto establece la obligación de facilitar información básica en caso de que se indique un tipo de interés. Para que puedan compararse ofertas de diferentes entidades, deberá tomarse como referencia una hipoteca de 150.000 euros a 25 años. Asimismo, las entidades deberán advertir de la existencia de cláusulas suelo y techo, del posible riesgo de perder la vivienda en caso de incumplimientos, de si la garantía alcanza al resto de bienes del consumidor y de si las condiciones ofertadas están vinculadas a la contratación de servicios adicionales. Las medidas para aumentar la transparencia en la información se completan con la creación del Índice de Documentos de Entrega Preceptiva (IDEP), en el que se relacionará toda la documentación que las entidades deben poner a disposición del consumidor hasta que suscriba el crédito, así como la efectivamente entregada.

En cuanto a los posibles beneficiarios, Valderas ha estimado que las hipotecas que se contraten en Andalucía podrían rondar este año las 50.000. Asimismo, ha señalado que la Ley podría aprobarse en el actual periodo de sesiones o, al menos, en el horizonte del 28 de febrero.

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