Corredor: “ningún joven ha tenido que devolver todavía la RBE”

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha señalado en Roses (Girona), en una visita a la localidad junto al presidente de la Generalitat, José Montilla, que “en ningún caso” se ha pedido a ningún joven beneficiario de la Renta Básica de Emancipación (RBE) que devuelva estas ayudas, sino que “simplemente se les ha informado de que están en esta situación”.

El Ministerio envió hace unos 2 meses cartas a los jóvenes que recibían esta ayuda y que según los datos de la Renta del 2008, superaban el límite de los 22.000 euros anuales. La nota informativa se envió después de que, como cada mes, el Ministerio comprobara si todos los destinatarios de la renta cumplían este requisito de los ingresos por debajo de 22.000 euros, ha especificado Corredor. La carta dice que la comunidad autónoma correspondiente deberá requerir la documentación necesaria a los receptores para verificar si se encuentran o no por debajo de los 22.000 euros.

Según informa Europa Press, la ministra ha señalado que “en ningún caso se ha pedido a ningún joven que devuelva nada”, sino “simplemente se les ha informado que están en esta situación para que puedan alegar en el trámite de audiencia correspondiente”.

Así, deben aportar la documentación correspondiente a la Comunidad Autónoma, ha remarcado Corredor, ya que son las autonomías “que concede el derecho y que debe retirar en caso de que no se cumplan los requisitos”. “Aquellos que no han advertido que sobrepasaban el límite de ingresos, como establece el decreto, deben devolver las ayudas, como si se tratara de otra subvención pública”, ha añadido la ministra.

Un error de diseño, el origen del caos de las devoluciones

Sin embargo, las dudas sobre la eficacia con la que el Ministerio de Vivienda gestiona la Renta Básica de Emancipación sigue sembrando la opinión de los organismos implicados. Conceder las ayudas en función las previsiones de ingresos de los jóvenes es el error del que han partido todos los problemas, según afirman en la Comunidad de Madrid.

Vivienda debería haber cruzado en octubre de 2009 su lista de beneficiarios con Hacienda, momento en el que están disponibles los datos fiscales del ejercicio. Según afirman en el gabinete de Corredor, en noviembre pasado ambos organismos comenzaron a cotejar datos. “Tras la necesaria aclaración de los criterios técnicos a aplicar se cruzaron los datos y se detectó que había una serie de jóvenes que habían sobrepasado el umbral máximo de ingresos”, explican, tras lo cual se ha procedido -diez meses después- a cortar el grifo.

Si los 8.000 jóvenes tuvieran que devolver íntegramente las ayudas recibidas durante 2008 (2.520 euros/año), el Estado reingresaría 20,16 millones de euros. Pero la cuenta no es tan sencilla.

Habrá más casos

Por eso, Vivienda ha dado a conocer sólo cuántos beneficiarios pudieron cobrar irregularmente ayudas en 2008, pero aún no ha publicado cuántos de ellos las siguen cobrando en 2010 o cuántas situaciones irregulares nuevas se han creado desde entonces, ya que aún no ha cotejado los datos de los jóvenes que las reciben actualmente con los de la AEAT de 2009. El retraso es de muchos meses y “están pagando justos por pecadores”, opina Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU.

Por eso, más allá de la responsabilidad de los jóvenes, que tenían la obligación de informar sobre modificaciones en sus ingresos a la administración, las asociaciones de consumidores creen que la fuente de males está en la gestión y es de partida: “El daño que se produce al exigir la devolución de las ayudas es mucho mayor que si no se hubieran otorgado desde un primer momento, ya que los jóvenes cuentan con un dinero extra que luego tienen que devolver y se produce una indefensión”, añaden en la OCU.

En los mismos términos que OCU se expresa FUCI, que parte de la premisa de que, si no tenían derecho a recibirlas, los jóvenes deberían devolver lo recibido si han ingresado de más. “Lo que no nos parece procedente que se haya tomado la decisión de suspender cautelarmente las ayudas con un año y medio de dilación cuando las administraciones tienen toda la información necesaria y cuando la comprobación de cualquier procedimiento administrativo generalmente no lleva más de seis meses, en casos mucho más complejos”, dice señala Oscar Benavente, su asesor jurídico.

Revisar caso por caso

¿Cuánto tiempo tardarán en resolverse los errores? “Va a depender de lo que dictamine cada Comunidad Autónoma, de la posición de sus servicios jurídicos y de sus procedimientos de gestión”, dicen en el Ministerio. En Madrid, donde 2.000 personas han recibido avisos de irregularidades -los mismos que en Cataluña- señalan que ya se avisó desde un principio de que pedir a los jóvenes previsiones de ingresos no era la fórmula más adecuada para conceder unas ayudas tan masivas.

“Nosotros sólo podemos trabajar sobre datos presentes, no los futuros”, explican fuentes de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. No se puede basar la concesión de las ayudas en una previsión sobre lo que los jóvenes van a ganar, dada la precariedad en la que navegan.

Y ahí está el error de partida. Horas extra remuneradas, finiquitos por despido o gratificaciones extraordinarias pueden aumentar atípicamente la renta anual de los jóvenes sin que las Comunidades tengan conocimiento. “Vivienda ha creado un problema y tenemos que ser nosotros quienes los resolvamos”, añade desde el gobierno de Aguirre

Tras el aviso de Vivienda, es a las Comunidades Autónomas a quien les toca poner en orden las ayudas y echar a rodar la maquinaria burocrática. En Navarra, el portavoz del gobierno foral, Alberto Catalán cree que la única solución será “analizar convenientemente” los diferentes casos ya que, declaró a la Agencia EFE, “se han dado paradojas de personas que han incrementado su renta por las indemnizaciones recibidas al ser despedidos”.

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Un Comentario a “Corredor: “ningún joven ha tenido que devolver todavía la RBE””

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