Denuncian que el Gobierno prepara un recorte “brutal” en las ayudas

IU denuncia que el “tijeretazo” en la vivienda excluye a miles de personas del acceso a un hogar y conduce a más destrucción de empleo en la construcción. Pablo Prieto, coordinador federal de Política Territorial y Sostenibilidad de Izquierda Unida (IU) denuncia que “ayudar a los ciudadanos para acceder a una residencia en tiempos de crisis no es una prioridad para el Gobierno socialista”, ya que el paquete de medidas expuesto hoy por la ministra de Vivienda a las CCAA acarrea “graves recortes en la vivienda de protección y la casi desaparición de la vivienda pública de alquiler”.

El coordinador federal de Política Territorial y Sostenibilidad de Izquierda Unida, Pablo Prieto, denuncia que “el Ministerio de Vivienda prepara un paquete de medidas que suponen la paralización de las incipientes políticas públicas de vivienda en nuestro país. En la mañana de hoy ha presentado a los directores generales de Vivienda de las Comunidades Autónomas un conjunto de medidas que confirman que el Gobierno de Rodríguez Zapatero sacrificará también estas políticas  para hacer frente a la crisis”.

El dirigente federal de IU señala que “el resumen de las medidas lanzadas por Corredor supone menos ayudas para el acceso a una vivienda y menos dinero para impulsar la construcción de vivienda protegida y para las políticas públicas de alquiler público”.

Prieto, que no duda en tachar el recorte de “brutal”, considera que estamos “ante una nueva entrega del ‘tijeretazo’ de Rodríguez Zapatero. El Gobierno socialista da otra vuelta de tuerca que perjudicará a quienes tienen menos recursos. Rodríguez Zapatero demuestra que para él la vivienda no es un derecho y volverá a ser un artículo de lujo que sólo se podrán permitir los que tengan recursos. Excluye a miles de ciudadanos del acceso a una vivienda precisamente cuando más necesitan la ayuda del Estado”.

En su opinión, “estas medidas supondrán más exclusión social y también más paro en el sector de la construcción. En los últimos meses se había logrado impulsar un cambio de ciclo en este sector, con una mayor presencia de la vivienda protegida frente a la libre. El ejemplo está en Asturias, donde tres de cada cuatro viviendas que se empezaron a construir en 2009 eran protegidas. Las medidas propuestas hoy por la ministra suponen un duro hachazo a la construcción de vivienda protegida en este país”.

Pablo Prieto señala que “con esta política seguirá agrandándose la brecha que nos separa de Europa. En países como Holanda una de cada tres viviendas forman parte de los programas públicos de alquiler, mientras España está a años luz: sólo una de cada 100 viviendas está destinada a alquiler social (gestionado por administraciones públicas)”.

El responsable de Política Territorial de IU advierte de que Beatriz Corredor “prepara la eliminación de la ayuda directa a la entrada (con cuantías que ascienden entre 8.000 y 12.000 euros), la no renovación de las subvenciones a los promotores que adquieran o urbanicen suelo para vivienda protegida, la supresión de las ayudas que recibían las Comunidades Autónomas que superaran los objetivos previstos en promoción de vivienda protegida o concesión de ayudas para compra, alquiler o rehabilitación”.

“También pretende suprimir –detalla- la financiación del ministerio a la red de oficinas de información y asesoramiento a los ciudadanos que quieran beneficiarse de la convocatoria de ayudas, además de defender la reducción de las subvenciones para promover vivienda protegida en régimen de alquiler.

Prieto lamenta que “la ministra pretenda justificar este desmantelamiento asegurando que se facilitará el acceso al crédito. Es falso. En este país el grifo del crédito sigue cerrado pese a las ayudas millonarias que han recibido las entidades bancarias. Además, ahora las condiciones de los préstamos hipotecarios que tiene acordados el ministerio son peores que los que ofrece el mercado libre. Es decir, quienes necesitan ayuda para acceder a una vivienda pagan más por la hipoteca que los que pueden comprarla sin ayudas, todo esto en el caso de que se cumpla el convenio financiero entre el Ministerio de Vivienda y las entidades crediticias españolas (convenio que en muchas ocasiones no es más que papel mojado)”.

“Izquierda Unida se opone frontalmente a estas medias. Es dramáticamente sarcástico que España, cuando sufre la misma crisis financiera que el resto de la UE, pero también una crisis adicional con origen en la ‘burbuja inmobiliaria’, tenga que recortar ahora las políticas públicas de vivienda para poder financiar con fondos públicos el rescate de las entidades financieras que nos han llevado a la situación en la que estamos precisamente por su adicción al ladrillo. Pura redistribución, pero al revés, de los más necesitados a los más poderosos”, sostiene Pablo Prieto.

El coordinador de Política Territorial y Sostenibilidad lamenta que “el Gobierno renuncie a afrontar la crisis repartiendo los sacrificios. Mientras se niega a reformar el sistema financiero para evitar que se repitan crisis como ésta o tiene miedo a impulsar una reforma fiscal que suponga mayor contribución para las rentas más altas, no duda en tomar medidas que suponen un claro retroceso social: una reforma laboral que supone despido más fácil y más barato, una reforma de la ley de cajas que supone la privatización de estas entidades, y ahora empieza el recorte en vivienda. Después vendrá educación, sanidad (ya se anuncia el copago) y es probable que la paralización de la Ley de la Dependencia (aún por desplegar en España)”.

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