El adelanto electoral puede acabar con la reforma del sistema hipotecario

La ‘Subcomisión de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español’ tiene los días contados. Así de claro lo expresa la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) que considera que el adelanto de las elecciones al 20 de noviembre puede dejar sin efecto los trabajos realizados, que apenas han comenzado.

El Congreso de los Diputados creó esta subcomisión, que inauguró las sesiones el 13 de julio, para estudiar elementos de mejora del sistema hipotecario español y especialmente aspetos que puedan considerarse ”abusivos”. El presidente de Adicae, Manuel Pardos, señaló en la primera reunión la urgente necesidad de paralizar los embargos durante al menos tres años, como primera medida antes de iniciar cualquier otro tipo de actuación. Además, también indicó que sigue siendo preciso reformar la Ley Hipotecaria, que se facilite el concurso de acreedores de las familias hipotecadas y la necesidad de implantar una dación en pago ‘española’, entre otras soluciones. Tras el presidente de Adicae otros representantes de entidades sociales y expertos del sector inmobiliario tomaron la palabra. Pero las siguientes sesiones, previstas para los días 14 y 21 de septiembre podrían no llegar a celebrarse. A ellas estaba previsto que acudieran profesionales como notarios y registradores de la propiedad y representantes del sector financiero.

Según Adicae, la Subcomisión no ha llegado hasta el momento a ninguna conclusión clara, “únicamente reina en el ambiente la decisión de los grupos parlamentarios de no aprobar la dación en pago algo que, por otra parte, ya han demostrado en reiteradas ocasiones con anterioridad rechazando, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado”.

“Ni siquiera las tímidas medidas podrán ser aprobadas”
Entre otras medidas tratadas, señala Adicae, se ha barajado la posibilidad de regular la supervisión de las tasadoras para asegurar su total independencia de la Banca; modificar la legislación vigente para que el importe por el que una entidad financiera ejecuta la hipoteca se aproxime al 100% del valor de tasación de la vivienda; articular procedimientos para proteger al deudor de buena fe que pierde su residencia habitual; y poner coto a las cláusulas abusivas.

Sin embargo la disolución anticipada de las Cortes impedirá que las conclusiones se plasmen en una ley durante la presente legislatura, por lo que los posibles acuerdos verbales podrían servir, únicamente, como munición electoral entre los principales partidos del Congreso. Es probable que algunos grupos políticos incluyan diversas peticiones en sus programas electorales, aquellas que menos ‘ataquen’ a las entidades bancarias.

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