El Gobierno acaba con la Sociedad Pública de Alquiler

El Consejo de Ministros ha autorizado la disolución de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dentro de un plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial. La SPA se creó en 2005, con una duración limitada hasta 2015, y con el fin de dinamizar el mercado del alquiler. “Siete años después de su creación no ha conseguido ese objetivo y sin embargo acumuló hasta 2010 más de 37 millones de euros en pérdidas, a los que habrá que añadir otros más de 6 millones de las previsiones para el cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2011″, explica el Gobierno en un comunicado. “Ese es el motivo que ha llevado al Consejo de Ministros a adelantar la extinción de la sociedad”, añade.

Ahora, se abre ahora una fase de liquidación que garantizará un proceso ordenado y de la forma más satisfactoria para todas las partes. Respecto a los contratos suscritos entre el arrendador y arrendatario, el Gobierno los mantendrán vigentes, en los términos previstos en la Ley de arrendamientos urbanos, pero “sin la mediación ahora de la sociedad pública”.

Continuas pérdidas
El volumen de alquileres de viviendas gestionados por la SPA resultó insuficiente dado que los márgenes obtenidos con esta actividad no cubrían gastos de personal y de explotación, lo que originó abultadas y continuas pérdidas en sus balances. El plan de negocio inicial de la SPA estimaba que en 2008 gestionaría una bolsa de 24.000 viviendas que aportarían a la sociedad 2,2 millones de euros de beneficios, con lo que se alcanzaría el equilibrio financiero. Sin embargo, la cifra máxima de alquileres que llegó a gestionar fue de 9.000, siendo ahora unos 4.370 los contratos que gestiona.

Con la extinción de la SPA, el objetivo que se persigue es poner freno al goteo continuo de pérdidas que ha venido acumulando desde su creación y cuyas perspectivas no mejoraban en el período 2012-2015. El Gobierno está trabajando en reformas legislativas y otro tipo de estímulos para favorecer el acceso a la vivienda por el alquiler en consonancia con las funciones propias al Estado.

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