El gobierno cita la seguridad jurídica como atractivo para los inversores

El Gobierno de España ha presentado hoy en Londres la evolución del mercado inmobiliario español a potenciales inversores. El ministro de Fomento, José Blanco, y la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, han destacado el ajuste de los precios, el parque residencial disponible, las reformas legislativas puestas en marcha y las garantías jurídicas de las que disponen los compradores como los principales atractivos del sector para los inversores británicos.

Este encuentro está enmarcado dentro de la ronda informativa internacional que está llevando a cabo el Ministerio, con la colaboración de la sociedad estatal Invest in Spain, y que tiene como objetivo dar a conocer la situación actual del mercado inmobiliario español. Además de Reino Unido, el Ministerio de Fomento estará en las próximas semanas en Francia, Alemania, Holanda, Suecia y Rusia.

Los últimos datos disponibles indican que los ciudadanos e inversores de Reino Unido han representado la mayoría de los compradores extranjeros de vivienda en España, que sigue siendo el primer destino turístico de los ciudadanos británicos.

“Nos encontramos en un momento idóneo para invertir en el sector inmobiliario de España. Los datos muestran una importante bajada de los precios al tiempo que se mantienen las ventajas competitivas que nuestro país siempre ha ofrecido en este ámbito: seguridad, cercanía geográfica, buen clima, calidad de vida, servicios públicos universales de alta calidad y cada día mejores infraestructuras que conectan los principales destinos turísticos (con una red de transporte totalmente renovada en nuestro país). Todo ello, acompañado de un marco legal seguro que estamos reforzando todavía más”, ha señalado José Blanco, Ministro de Fomento.

La economía española comienza a mostrar los primeros signos de recuperación: en el cuarto trimestre de 2010, el PIB español aumentó un 0,6% en tasa interanual y las previsiones para los próximos meses confirman esta tendencia. A esto han contribuido las diversas medidas desarrolladas por el Ejecutivo español para paliar la crisis económica, entre las que se encuentran la reestructuración del sistema bancario, la flexibilización del mercado laboral y las reformas del sistema de pensiones.

Este hecho se ha visto reflejado en el mercado de vivienda, que ha experimentado ya gran parte de su ajuste y se aproxima a un equilibrio entre la oferta y la demanda. El sector inmobiliario español comienza a vislumbrar una reducción del stock de vivienda residencial y un consecuente ajuste de los precios.

“Hay un cambio de tendencia en la evolución de este stock que confirma la recuperación del mercado, descendiendo especialmente en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, además de en zonas turísticas como Andalucía y Canarias”, ha confirmado Beatriz Corredor, secretaria de Estado de Vivienda. “Nuestro país cuenta ahora mismo con un amplio parque de inmuebles a precios más asequibles que hace unos años. Los precios de la vivienda libre han caído un 15,4% de media desde el primer trimestre de 2008, y más de un 20% en términos reales llegando al 24% en algunas provincias con más vivienda vacacional. No obstante, el mercado es heterogéneo y varía según las zonas y el tipo de viviendas. De hecho, en algunos municipios como Torrevieja, Ibiza o Marbella este descenso oscila entre el 30 % y el 40%” ha añadido Corredor.

La seguridad jurídica, una de las principales fortalezas españolas

El sólido marco jurídico de España garantiza la seguridad de las operaciones de compra de vivienda en España. Durante los últimos años, el Gobierno español está adoptando nuevas medidas que refuerzan este campo.

Así, se da un nuevo impulso a la transparencia con una medida por la que se identificarán públicamente en el Registro de la Propiedad, de acceso universal, los procesos por posible ilegalidad de una vivienda, de manera que cualquier comprador pueda acudir a este registro antes de adquirir un inmueble para comprobar que no hay ningún riesgo en la operación de compra.

Además, se han fortalecido aún más todos los mecanismos en la lucha contra la corrupción en el ámbito urbanístico. Así, se ha creado la figura del fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo y se han reforzado los medios policiales con la creación de grupos específicos de la Policía y Guardia Civil contra la delincuencia urbanística. Estos esfuerzos se suman a la reforma del Código Penal del pasado 23 de diciembre, que endurece las penas de este tipo de delitos.

También está en vigor una Ley del Suelo, que introduce cláusulas específicas dirigidas a combatir la corrupción urbanística; así como reformas normativas en materia local sobre las obligaciones de publicidad de los bienes e intereses de los miembros de los equipos de gobierno y el endurecimiento de su régimen de incompatibilidades.

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