El Gobierno creará un registro público de morosos por impago del alquiler

El Gobierno creará un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler donde se recogerán los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados en firme, judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral. Así lo recoge una de las 18 enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

El secretario Judicial o los órganos de arbitraje competentes estarán obligados a remitir la información de estas personas al registro, al que podrán acceder los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento, sean personas físicas o jurídicas. Para consultar esta información, deberán “presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario”.

El objetivo, según la enmienda, es “incrementar la seguridad del arrendador” que se ha visto obligado a acudir a la justicia y al que se ha dado la razón, para evitar que quienes ponen inmuebles en el mercado “contraten con quienes ya han tenido el antecedente de obligar a un arrendador a acudir al auxilio judicial o arbitral”.

¿Competencia desleal?
FIM Ibérica (Fichero de Inquilinos Morosos Ibérica) ha mostrado su desacuerdo por la fórmula planteada por el ejecutivo que, “en plena época de recortes va a destinar unos recursos innecesarios para la creación de este registro” y que además “supone una competencia desleal a las empresas privadas que ya operan en el mercado prestando servicios de consulta y registro de morosidad en España“.

FIM Ibérica pone también en duda la fiabilidad de los datos contenidos en este registro público de impagos de alquiler, dada la fórmula planteada para la inscripción, ya que serán el secretario judicial o los órganos de arbitraje competentes los que podrán inscribir a los inquilinos morosos en el registro, lo que sólo conseguirá saturar aún más los juzgados. Frente al total de alquileres impagados que registran los diferentes ficheros privados de morosos, el porcentaje de sentencias firmes que pretende recoger este registro es insignificante y, por lo tanto, ineficiente. El tiempo estimado para la inscripción de un moroso en el registro público, según este procedimiento, es de 2,5 años.

El Fichero de Inquilinos Morosos aplaude la idea e insta al Gobierno a una colaboración conjunta “En un momento de grandes recortes resulta innecesario gastar dinero público en un servicio que ya se está prestando de forma muy satisfactoria desde el ámbito privado”

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