El Gobierno suprime las ayudas directas a la compra de vivienda protegida

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado un severo ajuste presupuestario en su gabinete que incluye la eliminación de algunas ayudas a particulares y promotores de VPO, así como una disminución del presupuesto del 15% en 2011. El recorte rondaría los 140 millones este año, a los que habría que sumar otros 500 millones entre 2011 y 2012.

La ministra anunció estas medidas el pasado martes, cuando presidió la Conferencia Sectorial sobre el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) en la que planteó a las comunidades autónomas la “necesidad” de reorientar las prioridades del Plan y de reajustar su escenario financiero en 2010, 2011 y 2012 para garantizar la viabilidad de las políticas públicas de vivienda. Se trata, ha dicho Corredor, de “hacer hoy los ajustes necesarios para garantizar mañana su eficacia, consolidando el reequilibrio del mercado residencial que venimos impulsando durante toda la legislatura”.

La titular de Vivienda ha remarcado que “si vamos a tener que gastar menos, hay que priorizar en qué gastamos”. En este sentido, ha anunciado que el Ministerio de Vivienda dará prioridad presupuestaria, “y será irrenunciable”, a las líneas de rehabilitación y de alquiler de vivienda protegida sobre la promoción de vivienda para la compra. “Apostamos por la vivienda protegida en alquiler y la procedente de la rehabilitación porque son las líneas más demandadas por las propias CCAA, los promotores y los ciudadanos y porque, además, son las que generan más impacto social y beneficios económicos sobre el empleo y, a la vez, son las herramientas estratégicas y estructurales para el necesario cambio de modelo del sector inmobiliario”, ha remarcado la Ministra.

Reajuste y reprogramación del PEVR en dos fases: 2010 y 2011-2012
La ministra de Vivienda ha explicado que la reorganización de programas y presupuestos del PEVR se plantea en un paquete de medidas con aplicación, unas ya a lo largo de este año, y otras el año que viene y en 2012. En lo que respecta a este año, Corredor ha esbozado las siguientes:

•Se elimina la llamada reserva de eficacia. Es decir, no habrá presupuestario estatal adicional para las CCAA que superen los objetivos convenidos.

•La compensación del pago de las nuevas ayudas con los fondos ya trasferidos a las CCAA en concepto de ayudas y subvenciones y cuyo destino todavía no nos han justificado. En esta circunstancia hay en estos momentos 628 millones de euros “que iremos reduciendo progresivamente en cada ejercicio”. Es una medida que “consideramos lógica y justa  desde el punto de vista de la eficacia en la gestión”, ha dicho la Ministra.

Respecto a los dos últimos años del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, Corredor ha enumerado estas otras medidas:

•No se renovará la subvención estatal para las ventanillas únicas porque su función era dar a conocer las nuevas ayudas incorporadas al PEVR  y la RBE y, tras dos años de funcionamiento, se considera que ya han cumplido su objetivo. Se mantendrán las oficinas de ayudas en las áreas de rehabilitación y se completarán con las oficinas técnicas de la Plataforma RHÉ+, que no supone aportación de fondos públicos.
•Se suprime la subvención a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo. Esta medida viene compensada con la nueva línea del ICO para la promoción de vivienda protegida en compra y por la gestión urbanizadora de SEPES para vivienda protegida y la Oferta Pública de Compra de Suelo (OPCS).
•La rebaja –la propuesta es en torno a un 40%- de las subvenciones para la promoción de vivienda protegida nueva en alquiler. “Se reduce la ayuda, no los objetivos”, ha aclarado Corredor, que considera que “estas ayudas fueron muy elevadas en los inicios  del PEVR cuando esta línea necesitaba refuerzo. Ahora, que ya es una de las más demandadas y con más éxito, no es necesario este intenso esfuerzo público complementario, pues creemos que seguirá siendo atractiva para los promotores en las nuevas condiciones”.
•En línea con dotar menos las líneas no prioritarias, se plantea sustituir la Ayuda Directa a la Entrada (AEDE) por la posibilidad de permitir la ampliación de la hipoteca hasta el 90% del valor de la vivienda protegida. “Con lo que, de paso, damos cumplimiento a una reciente  resolución parlamentaria”, ha remarcado la Ministra, y “la función de ambas medidas es la misma: reducir la necesidad de ahorro para afrontar el pago de la entrada a una vivienda protegida”.

Para Corredor, “estas son las medidas que tenemos que aplicar necesariamente a la gestión del PEVR” a la que vez que ha recordado que  se enmarcan en la estrategia del Gobierno de alcanzar en 2020 una ratio del 20% de viviendas en alquiler y un peso del 35% de la rehabilitación en el sector residencial. Además, la titular de Vivienda ha vuelto a señalar a las CCAA  que “el ministerio de Vivienda seguirá complementando sus políticas públicas según su disponibilidad presupuestaria y cumplirá con todos los objetivos comprometidos durante este año 2010 y planes anteriores, como lo venimos haciendo hasta ahora bajo el amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución en lo que a planificación económica general se refiere”. Y también les ha resaltado que “las políticas públicas de vivienda de las CCAA no deberían estar sólo supeditadas a si tienen, o no, financiación estatal”.

Corredor ha destacado que este ajuste “necesario se puede afrontar con la fortaleza que nos deja el fuerte impulso presupuestario que hemos aplicado a las políticas estatales de vivienda desde 2004”.  Así, la ministra de Vivienda ha señalado el aumento de un 125% del presupuesto de su departamento, que se ha impulsado la creación de medio millón de viviendas protegidas -“ el mayor impulso en los últimos años a la vivienda protegida”, ha remarcado- y que las ayudas estatales han llegado a un millón de ciudadanos. Además, Corredor ha recordado que, tras la ejecución del PEVR en el año 2009, el presupuesto del Ministerio de Vivienda ha financiado  el 85% de toda la política de vivienda pública en España. “Por lo tanto”, ha concluído, “el bagaje y el compromiso social del Ministerio en el impulso de la vivienda protegida está fuera de toda duda y, de hecho, aún teniendo que reajustar financieramente el PEVR, el esfuerzo presupuestario estatal para las políticas públicas de vivienda va a continuar en máximos históricos”.

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