El IPC negativo de marzo redundará en una bajada del precio del alquiler

El IPC de marzo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, ha sido de -0,1%, es decir, negativo por primera vez en su historia. Los precios, al menos oficialmente, bajan mínimamente, y los alquileres también.

Lo dice la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). “La LAU favorece al inquilino y sus familiares en lo tocante a actualización de rentas asociadas a viviendas permanentes -sólo éstas, pues los locales comerciales y los alquileres de temporada no están protegidos por la Ley- que rige durante los cinco primeros años del contrato de arrendamiento”, explica Rosa Alevito, del Echeandía y Alevito Abogados.

En su artículo 18, la LAU reza: “La renta contractual se actualiza -a instancia del arrendador o del arrendatario- aplicando a la misma la variación del IPC general nacional correspondiente a un periodo de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la actualización, tomando como mes de referencia para la primera actualización el que corresponda al último IPC publicado en la fecha en que se celebró el contrato”. Es decir, “si celebramos, por ejemplo, un contrato el próximo 1 de mayo, lo normal sería utilizar el IPC de marzo porque el de abril aún no estará publicado”, explica Rosa Alevito.
“En el caso de primeras residencias, y sobre todo durante los primeros cinco años de duración del contrato, al arrendador apenas le caben argucias”, explica Miguel Martí, consejero de Cuatrecasas, “y a estos contratos de arrendamiento de vivienda no se pueden aplicar ni IPC sectoriales ni cláusulas únicamente al alza”.

Cómo proceder
La actualización de la renta debe comunicarla el arrendatario de la misma forma prevista para las actualizaciones a instancia del arrendador, tal y como dicta el artículo 18.3 de la LAU: “La renta actualizada será exigible a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito”, expresando el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, -si la otra parte lo exige- certificación del INE sobre el IPC aplicado, o haciendo referencia al boletín oficial en que se haya publicado dicho IPC”.

Si el arrendador no aplica la rebaja del IPC, el arrendatario podrá instar las medidas judiciales correspondientes, “aunque en ningún caso debe de aplicar unilateralmente la rebaja que corresponda ni puede dejar de pagar la renta, ya que entonces el arrendador podrá iniciar el proceso de desahucio; por tanto, ante la negativa del arrendador de rebajar la renta, el arrendatario debe pagar y, simultáneamente, reclamar ante los tribunales”, aclara Martí.

La temida deflación
Los casi cuatro millones de parados consumen poco, y el problema se agranda porque los que tienen trabajo están dejando de gastar en previsión de lo que pueda llegar. El índice de precios al consumo (IPC) subió en marzo un 0,2%, pero la tasa interanual retrocedió un 0,1%. Esto supone que por primera vez en la historia han caído los precios en España. Así, once comunidades autónomas -Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Navarra, Extremadura y La Rioja- vieron cómo sus precios descendían.

No obstante, el Gobierno descarta que la economía entre en deflación (caída persistente y generalizada de los precios). El secretario de Estado de Economía, David Vegara, no contempla este escenario “a priori” en ninguna comunidad autónoma. Sin embargo, sí aventuró más tasas negativas de precios “por la caída del petróleo, que hace un año estaba a 100 dólares el barril, frente a los 50 dólares actuales”.

Más viviendas de alquiler
El escenario del alquiler en España se va a ver favorecido además, por el fomento de las politicas de alquiler como respuesta a la crisis inmobiliaria. En este sentido el gobierno se plantea abrir a las comunidades autónomas la línea de préstamos del ICO destinada a que los promotores inmobiliarios privados pongan en alquiler sus pisos sin vender.

Hace siete meses se anunciaba que el Estado pondría 3.000 millones de euros a disposición de los promotores inmobiliarios que convirtieran sus pisos –para los que no encuentran comprador– en viviendas de alquiler. Bajo este modelo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financia hasta el 50% de los préstamos de los promotores sobre las viviendas que pongan en arrendamiento. El resto del crédito tienen que refinanciarlo los promotores con la entidad financiera. El resultado, meses después de su puesta en marcha, es bastante pobre: sólo se han firmado 12 operaciones por 23 millones de euros, el 0,8% del importe total.

Ahora, el Gobierno se plantea la posibilidad de utilizar esta línea de crédito del ICO con el mismo fin, ampliar el parque de vivienda en alquiler, pero con distinto protagonista: las comunidades autónomas. Se trataría de ceder el apoyo financiero del ICO a las autonomías que decidan comprar directamente inmuebles de precio libre que están en stock con el fin de ampliar el parque público de alquiler, según fuentes consultadas. Con esta fórmula, los gobiernos regionales, la mayoría bastante endeudados, podrían financiar mejor la adquisición de pisos libres que luego pondrían en alquiler.

Los defensores de la propuesta alegan que, de esta forma, se logran dos objetivos: se solucionaría en parte el problema del stock de vivienda sin vender, que crece sin parar, y se ampliaría el parque público de pisos de alquiler. Además, reducir el stock de viviendas podría reactivar la construcción inmobiliaria, ahora bajo mínimos, lo que se refleja negativamente en el empleo.

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