La Defensora del Pueblo pide “medidas excepcionales” para los hipotecados

“Del mismo modo que se han otorgado ayudas públicas excepcionales al sector financiero”, la oficina del Defensor del Pueblo que dirige Mª Luisa Cava de Llano, reclama medidas excepcionales para los ciudadanos que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas. La institución acaba de publicar el estudio “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo” que aborda los conflictos que reflejan las quejas presentadas ante la Institución, expone las actuaciones realizadas en estas materias y presenta 20 recomendaciones para que los poderes públicos las tomen en consideración a la hora de buscar soluciones a un problema cuya última consecuencia es la pobreza y la exclusión social.

Según datos del Banco de España, el endeudamiento de las familias en relación con la renta disponible ha sido creciente hasta la crisis de 2008. El 90% del endeudamiento familiar procede de la financiación de inversiones en activos inmobiliarios, es decir, de las hipotecas. Tal y como explica el informe, “el crédito hipotecario es la principal fuente de ganancias de la banca española, que diseña y comercializa los productos a través de campañas publicitarias y predispone el contenido de las escrituras hipotecarias”. Es por ello, señala la Defensora del Pueblo ”que la banca debería siempre evaluar la capacidad de endeudamiento del cliente y abstenerse de ofrecer préstamos por encima de la capacidad de reembolso. Sin embargo, desde hace más de una década las entidades de crédito han otorgado de forma imprudente el crédito hipotecario y han puesto en marcha prácticas que, a juicio de la Institución, han facilitado el sobreendeudamiento de las familias”.

Nos encontramos ante una situación excepcional que merece respuestas excepcionales, aunque sea con carácter temporal, hasta que remonte la coyuntura económica. Una de las principales conclusiones de este informe es la necesidad de reforzar la protección al hipotecado para evitar que se vuelvan a repetir situaciones como la actual y para que se atenúen los efectos más nocivos que se están dando en la actualidad.  El informe recomienda un acuerdo político asumido por el sector bancario, como la Asociación Española de Bancos (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) que incluya en los casos necesarios, entre otras medidas, una moratoria en el pago de las hipotecas y la flexibilización de las cuotas, así como la posibilidad de establecer un sistema de pago con carencia de amortización del capital que haga la cuota asumible. Se trataría de una reestructuración de la deuda que generaría más negocio para la banca, pues podría cobrar más y durante más tiempo.

Asimismo, el informe señala otro grupo de posibles soluciones que podrían acompañar a la moratoria, que pasarían por la supresión de tasas, costas, moderación de cláusulas penales, o la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que coadyuven a superar las dificultades para atender los créditos pendientes de pago. Del mismo modo, se podría permitir el pago del capital antes que los intereses, lo que conllevaría la reducción de la deuda que genera obligaciones accesorias.

Dación en pago
Por otra parte, el informe aborda también el problema que existe hoy para aceptar la dación en pago en las hipotecas y quedar liberado de la deuda, que radica en que los bienes dados en garantía de los préstamos hipotecarios no cuentan con el valor suficiente para cubrir el importe de la deuda garantizada, debido a la caída del mercado y la pérdida de valor de los inmuebles. En esta línea, la oficina del Defensor del Pueblo considera que “tanto la vivienda habitual como el local de negocio deberían recibir una protección extraordinaria en una ejecución hipotecaria, llegando incluso los casos más extremos a la dación en pago, o buscando soluciones que permitan la continuidad en la vivienda o en el local a través de otras figuras jurídicas que existen en nuestro ordenamiento como el arrendamiento forzoso”. Y es que su pérdida multiplica el riesgo de pobreza debido al desempleo y a la escasa probabilidad de recuperar la capacidad productiva, así como la de convertirse en una rémora para el resto de la sociedad, convirtiendo individuos capaces de generar riqueza en otros necesitados de prestaciones sociales solidarias.

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