La ONU intercede por las familias españolas en riesgo de desahucio

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se reunió el pasado jueves con la relatora especial sobre derecho a la vivienda de las Naciones Unidas, Raquel Rolnik, de visita en Barcelona para asistir a la conferencia que el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha realizado en el Colegio de Abogados. Al acto asistieron más de un centenar de personas que han sufrido ejecuciones hipotecarias y que están amenazadas de desahucio. Según ha informado la PAH, Raquel Rolnik responsabilizó al gobierno de la situación de emergencia habitacional en la que se encuentran centenares de miles de familias en España. De esta manera recordó que España ha suscrito diferentes pactos internacionales que la obligan a garantizar el derecho a la vivienda y evitar los desalojos por razones económicas y que sin embargo está incumpliendo sistemáticamente. Asimismo culpó a los bancos de la burbuja inmobiliaria y escuchó los relatos de un centenar de personas, historias que inspiraran el próximo informe que en octubre de este año debe entregar ante la asamblea general de Naciones Unidas en Nueva York.

El objetivo des este encuentro, señala la PAH, es hacer presión al Gobierno para que modifique la actual ley hipotecaria y permita, así, liberar de la deuda a los afectados que devuelvan el piso -el procedimiento conocido como dación en pago-, y alargar el período de espera para el desahucio. La Plataforma considera “insuficiente” el código de buenas prácticas bancarias que presentó el Ministerio de Economía y Competitividad el pasado 22 de febrero porqué no “protege los derechos de toda la ciudadanía por igual”.

Por otra parte, durante la conferencia que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Barcelona, la relatora de la ONU sostuvo que la crisis pone de relieve el fracaso del modelo mercantilista de la vivienda: “La mercantilización generalizada de la vivienda ha fracasado y la crisis es una oportunidad de oro para replantear la gestión de las políticas de vivienda“. “Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger el derecho de acceso a una vivienda adecuada, puerta de entrada del resto de derechos”, señaló.

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