La SPA cierra julio con un 47% más de contratos de arrendamiento

Otro dato que viene a confirmar que, debido a la crisis, la opción del alquiler gana puntos en las preferencias de los españoles. La Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio de Vivienda, cerró un total de 10.627 contratos de arrendamiento hasta el mes de julio (desde que se pusiera en marcha en octubre de 2005). Esto supone un incremento en 419 contratos sobre el mes anterior, junio, mes que cerró con un total de  10.208 contratos (284 nuevos), según reflejan las estadísticas publicadas por este organismo

Esta realidad pone de manifiesto, de una parte, el mayor dinamismo que está atravesando el mercado del alquiler y de otra, el esfuerzo de esta entidad por relanzar sus objetivos. En este sentido la semana pasada, la Sociedad Pública de Alquiler y la Universidad Carlos III de Madrid firmaban un convenio de colaboración para facilitar el acceso a la vivienda en arrendamiento a los miembros de la comunidad universitaria.

No sabemos si este tipo de inicitivas serán estímulo suficiente para mantener su continuidad, ya que la SPA ha sido desde sus inicios objeto de duras críticas. De hecho, el pasado mes de junio la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, con el único voto en contra del grupo socialista, por la que se insta al Gobierno a disolver y liquidar la Sociedad.

La proposición, que partió del PP, reclama al Gobierno que los fondos de la SPA se trasfieran a las Comunidades Autónomas, ya que son las que en realidad tienen las competencias en materia de vivienda. El portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, calificó durante el debate, de “desastrosos” los resultados obtenidos por la SPA, que desde su creación en 2005 ha suscrito cerca de 10.000 contratos de arrendamiento, y lamentó que los 20 millones de euros con los que se dotó su capital social se hayan “tirado a la basura”.
 
La Sociedad Pública de Alquiler, adscrita al Ministerio de Vivienda, nace con el fin de favorecer la creación de un mercado de alquileres más sólido y dinámico, a fin de facilitar a la ciudadanía el acceso a una vivienda en alquiler. Era un momento, el año 2005, en que esta modalidad de ocupación de vivienda era en España muy minoritaria y se quería fomentar protegiendo por igual al inquilino y al propietario, mediante unas determinadas condiciones de aseguramiento del estado de conservación del piso, del cobro, de posibles daños y de fractura de contrato con garantías.

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