Multipropiedad: más seguridad jurídica e incentivos para su desarrollo

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, ha dado luz verde al ‘Anteproyecto de Ley
sobre contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio’ (lo que popularmente se conoce como ‘multipropiedad’ y otras variantes), con el fin de ampliar la protección de los consumidores y favorecer su toma de decisiones.
También trata de incentivar el desarrollo del sector mediante el incremento de la seguridad jurídica y el aumento de la confianza de los consumidores en estos productos turísticos.

Esta norma incorpora la Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, derogando la de 1994, que recogía exclusivamente el contrato de adquisición de un derecho de utilización de uno o más
inmuebles en régimen de tiempo compartido. La nueva directiva, que se basa en la aparición de nuevos productos vacacionales, a los que define con precisión, refuerza la información al consumidor, regula los plazos de ejercicio del derecho de desistimiento, amplía la prohibición de pago de anticipos durante el plazo de ejercicio del tal derecho, exige un calendario de pagos para los contratos de larga duración y determina la ineficacia de determinados préstamos de financiación para el caso de desistimiento.

Asimismo, la directiva obliga a los Estados a asegurar la garantía judicial y administrativa de los derechos de los consumidores, a fomentar la elaboración de códigos de conducta, a hacer posible la creación y
desarrollo de procedimientos extrajudiciales adecuados para la solución de los litigios en materia de consumo, así como a establecer un sistema de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento por los empresarios de las disposiciones nacionales que desarrollen esta directiva.

Este anteproyecto normativo deberá ser sometido a informe del Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

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