Piden una solución que permita repartir la deuda inmobiliaria

La deuda inmobiliaria, cifrada en 325.000 millones de euros, amenaza seriamente el sistema financiero español. Así lo ha advertido el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, en el Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).

González apeló a la necesidad de abrir un debate sobre la viabilidad de un sector que ni siquiera puede afrontar el pago de los 15.000 millones de euros de intereses que genera su deuda financiera. Según sus palabras, “el sistema financiero no puede asumir la deuda inmobiliaria; la presión del crédito hipotecario en el sistema financiero es muy fuerte y afecta a su viabilidad”.

Uno solo no puede con la “patata caliente”

En esta misma línea, el presidente de APCE, José Manuel Galindo ha exigido un debate a tres bandas entre la administración, el sistema financiero y el sector inmobiliario, del que, según señala APCE en un comunicado, tienen que salir medidas coyunturales que permitan soportar al menos los 15.000 millones que adeudan los promotores, solo en intereses, y que no pueden devolver.

Para Galindo, la supervivencia pasa por que las administraciones públicas sigan poniendo en marcha iniciativas que den impulso a un sector que “depende casi absolutamente de la banca”.

El secretario general de Vivienda, Javier Ramos, aseguró, según informa Efe, que el Gobierno está “presionando” a las entidades financieras para que cumplan el compromiso adquirido para financiar las actuaciones previstas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) para viviendas protegidas.

No a una socialización de las pérdidas
La creación de un banco tóxico con activos de entre 75.000 millones y 100.000 millones de euros implicaría, según los primeros cálculos del sector, unas necesidades de dotación de entre 40.000 millones y 50.000 millones de euros, en buena parte procedentes de recursos públicos.

Una socialización de las pérdidas, en definitiva, a la que ayer rápidamente se opusieron tanto la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, como el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Salgado dejó bien claro que el Gobierno no tiene pensado poner en marcha medidas de rescate para los promotores inmobiliarios. “Desde luego no está previsto”, sentenció Salgado, al ser consultada por la petición formulada por Santos González.

En la misma línea se posicionó el gobernador del Banco de España. Fernández Ordóñez, quien abogó por la búsqueda de una solución conjunta entre las entidades financieras y los promotores al problema de la deuda del sector inmobiliario, porque “las soluciones globales de pasarle todo al Estado y al contribuyente no son buenas”.

Se acabó el idilio

El presidente de la AHE, que representa al 80% del mercado de los préstamos hipotecarios, reconoció que las relaciones con las inmobiliarias atraviesan un “momento agrio”, en el cual la renegociación de la deuda está resultando muy difícil y ya no se aceptan como pago unos activos que cada vez valen menos.

Desde el punto de vista opuesto, Galindo hizo un llamamiento para que no se permita la destrucción de un sector que, superada la crisis, va a tener que satisfacer una demanda estructural de 350.000 viviendas anuales. Es decir, un peso de la inversión residencial del 7,5% del PIB.

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